El juez Kevin Castel ordenó anular la sentencia contra Juan Orlando Hernández y cerrar el caso, tras el indulto presidencial que dejó sin sustento la condena. No obstante, el abogado Ramón Barrios advirtió que la decisión no tiene impacto legal en Honduras.
“La Fiscalía no tiene por qué dejar sin efecto la acusación, los juicios ni la orden de captura pendientes en Honduras contra el exmandatario”, sentenció Barrios, quien además alertó sobre cambios en el sistema de justicia que, a su juicio, apuntan a garantizar impunidad.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
El Tribunal de Distrito del Sur de Nueva York emitió una orden clave en el caso contra el exgobernante hondureño Juan Orlando Hernández, en la que, con base en un indulto otorgado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se anula la sentencia previa y se dispone cerrar definitivamente el proceso judicial.
El documento, firmado por el juez Kevin Castel, establece que la sentencia del tribunal de distrito queda anulada, y además ordena que el caso sea desestimado por carecer de objeto legal vigente dentro del sistema judicial en base al indulto, es decir, que ya no existe controversia que resolver.
Hernández había sido condenado a 45 años de prisión tras ser declarado culpable de tres delitos vinculados al narcotráfico, luego que la Fiscalía estadounidense lo señalara de conspirar para el envío de aproximadamente 500 toneladas de cocaína hacia territorio norteamericano.
Sobre este punto, el abogado constitucionalista Ramón Barrios explicó a EL LIBERTADOR que “producto de ese indulto, entonces, como la sentencia no estaba firme, el abogado defensor presentó argumentos ante la Corte de Apelaciones para dejar sin efecto el caso”.
Barrios también precisó que el recurso de apelación presentado tras la condena “era procedente” y que el indulto intervino en ese proceso, lo que permitió que la Corte respondiera en función de precedentes similares dentro del sistema estadounidense.
“El sistema norteamericano en dos ocasiones, por lo menos en las mismas condiciones, frente a un indulto, ha dejado sin lugar y efecto las respectivas acusaciones de la Fiscalía”, señaló.
En esa línea, el jurista indicó que el indulto tiene un impacto directo en la continuidad del proceso, al punto que “formalmente no hay una acusación contra el expresidente Hernández”, en referencia al efecto procesal de la decisión judicial.
También resaltó que la decisión adoptada en Estados Unidos “no es vinculante” para Honduras, por lo que las investigaciones, acusaciones o eventuales órdenes de captura en el país siguen su propio curso en el sistema judicial nacional.
“La Fiscalía aquí en Honduras no tiene porqué dejar sin efecto la acusación, los juicios y la orden de arresto que tiene pendientes aquí en Honduras el exmandatario Hernández. No es vinculante esa decisión de los Estados Unidos aquí en Honduras”, sostuvo.
Lo anterior, también refleja una preocupación entre sectores por la conexión entre un eventual retorno del exmandatario y los cambios que impulsa el Congreso Nacional en los entes de justicia, con la destitución del abogado Johel Zelaya como fiscal general y la renuncia de la magistrada Rebeca Ráquel Obando a la presidencia de la Corte Suprema.
Para concluir, Barrios sostiene que “más allá de Juan Orlando Hernández, se trata sustancialmente de movidas políticas del partido de gobierno —Partido Nacional—” para crear impunidad a través del control institucional, señalando que tanto la destitución del fiscal como los cambios en la Corte Suprema “no tienen una iniciativa desde el punto de vista jurídico”.
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