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Categoría: Nacionales

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¡DESTACADO! EL LIBERTADOR EXPONE RETOS QUE ENFRENTA EL PERIODISMO AMBIENTAL EN HONDURAS

¡DESTACADO! EL LIBERTADOR EXPONE RETOS QUE ENFRENTA EL PERIODISMO AMBIENTAL EN HONDURAS

El gerente de marca de EL LIBERTADOR, Jhonny Sevilla, ha participado en el foro “Ciencia para la sostenibilidad” esta tarde en Siguatepeque, Comayagua, explicando que en Honduras el periodismo alternativo con el enfoque de activismo ambiental enfrenta barreras por la opacidad institucional, el miedo de servidores públicos para hablar y la corrupción.

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DEFENSORES AMBIENTALES DENUNCIAN A LA EMPRESA MINERA AGRECASA POR OCASIONAR CONTAMINACIÓN

DEFENSORES AMBIENTALES DENUNCIAN A LA EMPRESA MINERA AGRECASA POR OCASIONAR CONTAMINACIÓN

El Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) y el Bufete Dignidad denunciaron que la empresa Agregados del Caribe S.A. de C.V. (AGRECASA), vinculada al proyecto minero Sapadril, carece de permisos legales vigentes y de una licencia ambiental válida para operar, pese a los severos daños   las fuentes hídricas y al ecosistema.

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CASTELLANOS ADVIERTE RIESGOS DE LEYES QUE PERMITIRÍAN ALLANAMIENTOS SIN ORDEN JUDICIAL

CASTELLANOS ADVIERTE RIESGOS DE LEYES QUE PERMITIRÍAN ALLANAMIENTOS SIN ORDEN JUDICIAL

La socióloga Julieta Castellanos, advirtió que las reformas impulsadas por el Congreso Nacional (CN), permitirían a la Policía ejecutar allanamientos y capturas sin orden judicial  y podrían dejar en indefensión a la población, mientras cuestionó que las instituciones de seguridad y justicia aleguen falta de recursos pese a los millonarios presupuestos que reciben.

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CESPAD INSISTE QUE REFORMAS EN SEGURIDAD AMENAZA MOVIMIENTOS POPULARES

CESPAD INSISTE QUE REFORMAS EN SEGURIDAD AMENAZA MOVIMIENTOS POPULARES

El Centro de Estudios para la Democracia (Cespad) advirtió que el proyecto de reformas penales SEP-709-2026, impulsado desde el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS), podría ampliar las facultades del Estado para intervenir territorios, restringir derechos fundamentales y criminalizar a organizaciones sociales, comunidades y personas defensoras del territorio.

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