Los magistrados del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), manifestaron que el juicio político en su contra constituye una operación sistemática orientada a apoderarse de toda la institucionalidad del Estado.
Asimismo, presentaron ante la Corte Suprema un recurso de amparo señalando que, ante la falta de garantías en la justicia local, “este juicio político lo vamos a elevar a instancias internacionales”.
Redacción Central/EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. Los magistrados del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Mario Morazán, Lourdes Mejía y Gabriel Gutiérrez —los dos últimos suplentes—, presentaron un recurso de amparo ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), con el objetivo de frenar el juicio político promovido en su contra desde el Congreso Nacional.
El proceso es impulsado por el Legislativo con el respaldo de 91 diputados, tras denuncias surgidas por actuaciones antes, durante y después de las elecciones generales de 2025, lo que ha elevado la tensión política e institucional en el país.
En ese contexto, Mejía sostuvo que no existe justificación jurídica para que la CSJ actúe de manera distinta a precedentes recientes, como los recursos admitidos a la consejera Cossette López y al propio presidente de la República, Nasry Asfura.
“Pueblo hondureño, ante la amenaza real, actual e inminente de consumación de violación grave a los derechos fundamentales derivada de la eventual votación de un juicio político carente de garantías mínimas, se hace un llamado urgente a la honorable Sala de lo Constitucional para que resuelva de manera inmediata la solicitud de medida cautelar consistente en suspensión del acto reclamado”, manifestó.
Asimismo, calificó el proceso como una persecución política y una venganza contra quienes, según afirmó, se opusieron a un fraude electoral. “Estamos indefensos en este país. Este juicio político lo vamos a elevar a instancias internacionales. Temo por mi vida y la de mi familia; estoy defendiendo la democracia”, expresó.
Por su parte, Gutiérrez advirtió que permitir el avance del juicio político sin una suspensión previa del acto reclamado representa un precedente grave para el Estado de derecho.
En tanto, Morazán denunció que el juicio político responde a una “operación sistemática desde el poder para eliminar la disidencia”, comparando el caso con situaciones que, según él, afectaron al exfiscal general, Johel Zelaya, y a la expresidenta de la CSJ, Rebeca Raquel Obando.
«Se nos ha advertido que no comparezcamos. Es una operación para apoderarse de toda la institucionalidad sin respeto al Estado de derecho, mediante juicios sumarios que no han durado ni 24 horas”, afirmó.
Morazán agregó que no se opone a mecanismos de rendición de cuentas, siempre que se respete el debido proceso. “Si se respeta el debido proceso, estoy anuente a someterme a cualquier mecanismo de control, pero como lo están aplicando es absolutamente violatorio”, sostuvo.
Además, señaló directamente al diputado Jorge Cálix, a quien acusó de haber influido en la crisis institucional del TJE tras intentar ser inscrito sin cumplir requisitos legales, lo que, según Morazán, derivó en represalias políticas luego que se rechazara su inscripción.
“[Cálix] ha gestionado a lo interno del Congreso, donde no debería estar, y ahora pretende corromper a algunos diputados, especialmente a los liberales de primera vez. Su presión, su injerencia, la que nos ha llevado a esta crisis y ha sido él”, afirmó.
Finalmente, destacó que en un Estado de derecho ninguna acción de autoridad puede estar fuera del control constitucional. Insistió en que la Sala de lo Constitucional debe actuar con urgencia para evitar una grave violación a los derechos fundamentales.
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