El magistrado Mario Morazán defendió ante la comisión legislativa que investiga su actuación electoral, denunciando irregularidades en el Tribunal de Justicia Electoral, como convocatorias sin agenda y sesiones para conocer documentos que aún no existían oficialmente.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. El magistrado del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Mario Morazán, compareció ante la comisión legislativa que investiga su actuación en materia electoral en el marco del juicio político en su contra, asegurando que todas sus decisiones y denuncias se realizaron conforme a la ley, respaldadas con documentación oficial
Durante su intervención, Morazán defendió su trayectoria profesional, afirmando que ha dedicado su vida al estudio del derecho y los derechos humanos, pese a enfrentar presiones, ataques y amenazas.
El magistrado situó el origen del conflicto en el 8 de octubre de 2025, señalando directamente al diputado del Partido Liberal (PL) Jorge Cálix como el responsable de haber intervenido en el TJE, al que acusó de haber “permeado y contaminado” el Tribunal.
Cálix, tras perder las elecciones presidenciales primarias frente a Salvador Nasralla, intentó aspirar a una diputación por el departamento de Olancho, ocasionando un amplio debate sobre la legalidad de la intención, lo que terminó en una decisión unánime del Consejo Nacional Electoral (CNE) en no permitir su participación tras un fallo de la TJE sin integración del pleno.
Por ello, Morazán argumenta que ese día se recibió una convocatoria a sesión del pleno jurisdiccional enviada por el presidente del TJE, Mario Flores, a las 4:18 de la tarde; sin embargo, Morazán advirtió irregularidades desde el inicio del proceso.
Explicó que la convocatoria fue remitida de forma inusual, sin agenda y fuera del canal institucional correspondiente —la Secretaría General—, lo que, a su criterio, encendió las alertas dentro del órgano electoral.
Además, detalló inconsistencias en los tiempos de recepción de los documentos, señalando que el despacho recibió comunicaciones antes que la propia Secretaría General, y que incluso se convocó a sesión para conocer escritos que aún no habían ingresado oficialmente.
Entre los documentos en cuestión figuraban dos solicitudes de medidas cautelares: una presentada por el propio Cálix y otra por un precandidato del departamento de Valle, ambos participantes en el proceso de elecciones primarias.
Subrayó que dichas solicitudes fueron registradas después de emitida la convocatoria, lo que —según afirmó— evidencia una posible manipulación del procedimiento.
“Es imposible convocar para conocer documentos que no han ingresado. Aquí hubo algo irregular”, sostuvo. Asimismo, denunció una presunta colusión entre el despacho del magistrado presidente del TJE o su asistente, a quien acusó de realizar “trabajo sucio” dentro de la institución.
No obstante, dijo no poder determinar si la coordinación fue directa con Cálix o a través de terceros, aunque reiteró que el congresista es el eje de la situación.
Morazán también recordó que el 6 de octubre se presentó un recurso de apelación acompañado de una solicitud de medida cautelar, pero que el pleno no podía conocer el caso sin contar previamente con los antecedentes, los cuales fueron solicitados al Consejo Nacional Electoral (CNE) el 7 de octubre.
Finalmente, cuestionó lo que calificó como una “narrativa” construida alrededor del caso, sugiriendo que incluso algunos sectores presentes podrían estar influenciados por versiones distorsionadas de los hechos.
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