Todos los juicios políticos que impulsa el Congreso Nacional contra actores que denunciaron fraude electoral y desmontaron el esquema de narcodictadura, conducen a un solo camino: la privatización, el dominio de élites y un eventual retorno de Juan Orlando Hernández (JOH), advierten analistas consultados por este rotativo.
Para el sociólogo Armando Orellana, los sectores que cogobiernan Honduras buscan privatizar recursos estatales y ejecutar proyectos como las ZEDE; en cambio, el abogado Rodil Rivera advierte que un eventual regreso de Hernández podría generar tensiones que afectarán al Gobierno y al Partido Nacional.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. Diversos sectores de la sociedad señalaron a EL LIBERTADOR que los juicios políticos presentados por el bipartidismo (Partido Nacional y Liberal) en el Congreso Nacional (CN), tendrían repercusiones en el Estado; además, implicarían una concentración de poder que daría pie a un nuevo régimen autoritario en manos del nacionalismo, que gobierna el Legislativo y el Ejecutivo.
Uno de los actores que busca ser interpelado es el representante del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon Ochoa –del Partido Libre–, quien ha reiterado una serie de denuncias relacionadas con las elecciones generales del pasado 30 de noviembre de 2025, lo que, a su juicio, ha derivado en que sea colocado en la silla acusatoria en un nuevo juicio político.
Junto a Ochoa enfrentan juicio los magistrados del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Mario Morazán, Lourdes Estapé y Gabriel Peralta —estos dos últimos siendo suplentes—, así como la consejera suplente del CNE, Karen Rodríguez, quien renunció a su cargo, evitando así la interpelación.
Todos los juicios derivan del pasado proceso electoral. Por ejemplo, a Marlon Ochoa se le acusa de boicotear sesiones del pleno del CNE; el consejero fue enfático en su momento al rehusarse a participar en las reuniones, afirmando que se buscaba instalar mecanismos arbitrarios que ponían en riesgo la ejecución de comicios transparentes.
Asimismo, se negó a firmar la declaratoria de resultados oficiales, argumentando que no se revisaron miles de actas con graves inconsistencias, así como impugnaciones ignoradas que, a su entender, daban como ganador al candidato Salvador Nasralla y no a Nasry Asfura, quien dirige actualmente el Ejecutivo. En las denuncias también figuraban audios en los que, presuntamente, la consejera nacionalista, Cossette López y el hoy presidente del Congreso maquinaban contra el proceso.
Ante este panorama, el sociólogo y analista, Armando Orellana, declaró a EL LIBERTADOR que el juicio político no es más que una estrategia de los sectores de ultraderecha hondureña, en coordinación con aliados en Estados Unidos, España y otras regiones de América Latina, para consolidar un modelo neofascista.
Orellana acentuó que el caso de Ochoa es paradigmático, pues su actuación se limitó a denunciar e intentar desarticular una estrategia de fraude que se venía fraguando desde antes del 9 de marzo de 2025, en las elecciones primarias, con la ausencia de maletas electorales en las ciudades más grandes de Honduras.
Dicha estrategia contaba con orientación y asesoría desde Miami y otros lugares —afirmó Orellana—, así como financiamiento para su ejecución, y consistió en una combinación del esquema informático y el uso de redes sociales, todo ello enmarcado en la tradición del fraude electoral, en la que los señalados tienen amplia experiencia.
“Es estrategia de la ultraderecha hondureña que quiere hacer a un lado y preparar la restauración de ese esquema del neoliberalismo, incluso mucho más radical que el que inició Callejas (presidente entre 1990-1994). En ese proceso, por golpe de Estado, la figura central fue Juan Orlando Hernández, quien construyó lo que se calificó como la narcodictadura”, explicó el catedrático.
Añadió que estos sectores actúan en cogobierno con élites económicas nacionales y extranjeras, interesadas en la privatización de los recursos estatales y la ejecución de proyectos como las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), grandes obras mineras y represas, los cuales conllevan atropellos a los derechos de los pueblos originarios y daños ambientales.
El analista interpretó el proceso como un intento de reinstaurar un modelo de dominación histórica basado en la concentración de la riqueza y la explotación de los recursos nacionales. Y señaló que sectores conservadores del bipartidismo, aliados a élites corruptas del Partido Liberal, impulsan esta acción no como un juicio legítimo, sino como un linchamiento político.
“Están dispuestos a seguir esta agenda que, supuestamente, busca limpiar cualquier estorbo en su esquema para imponer nuevamente esa lógica de dominación y de poder extremo del capitalismo salvaje en su dinámica”, expresó Orellana.
Contextualizó que, tras el control absoluto de las instituciones durante el régimen de Juan Hernández, organismos como la Corte Suprema, el Ministerio Público y las fuerzas de seguridad habían avanzado en una incipiente recuperación de su autonomía. La actual ofensiva buscaría revertir esos avances para retomar el control autoritario de dichas entidades.
“Tener el control de esas instituciones, ya que ellos, en el esquema hegemónico, siguen teniendo el control de los medios de comunicación. Tienen una colaboración de una cúpula, una élite clerical católica y evangélica que, de alguna manera, apoya su narrativa y crea mecanismos de control ideológico”, dijo.
Por otro lado, con relación a un posible retorno de Juan Hernández a Honduras, quien afirma que “solo Dios puede evitarlo”, el abogado Rodil Rivera manifestó no atreverse a afirmar categóricamente dicha intención; sin embargo, no duda que eventualmente el exgobernante —sentenciado por narcotráfico y posteriormente indultado— tenga aspiraciones presidenciales, lo cual no sería, a su criterio, favorable para el nacionalismo.
“La facción del Partido Nacional que es la mayoritaria y que está en el poder no le conviene, por ningún punto, que Juan Orlando Hernández vuelva a Honduras […] Este hombre le va a crear dificultades al Gobierno y yo no descartaría —no voy a opinar a fondo sobre eso— que quisiera ser presidente”, sentenció.
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