El caso «Pandora» fue una investigación que reveló cómo en los gobiernos nacionalistas de Juan Hernández y Porfirio Lobo se desviaron alrededor de mil millones de lempiras para fines políticos.
Finalmente, el fiscal de la UFERCO, Luis Javier Santos, informó que el viernes se conocerá si el juez acepta como testigo clave a Fernando Suárez, considerado uno de los “cerebros” en el caso.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. El jefe de la Unidad Fiscal Especializada contra Redes de Corrupción (Uferco), Luis Javier Santos, anunció que este viernes se sabrá si Fernando Suarez será aceptado como testigo en el caso “Pandora II”, investigación que reveló el desvío de millones de lempiras de las arcas públicas para financiar proyectos políticos.
Suárez, quien fue extraditado a Honduras, tenía órdenes de captura desde 2018, por suponerlo responsable de varios delitos entre otros, 12 delitos de fraude, 85 de malversación de caudales públicos y 3 de uso de documentos públicos falsos.
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El caso fue inicialmente expuesto por la extinta Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), señalando la participación de los exmandatarios nacionalistas, Porfirio Lobo Sosa (2010-2014) y Juan Orlando Hernández (2014-2022), así como altos funcionarios de sus gabinetes.
Santos, recordó que entre “Pandora I” y “Pandora II” se desviaron cerca de mil millones de lempiras, mediante una red de corrupción que operó de forma sostenida y que permitió que fondos estatales fueran canalizados con fines políticos a través de oenegés.
De acuerdo con la investigación de “Pandora I”, entre 2010 y 2013 se consolidó una estructura que autorizó el desembolso de más de 288 millones de lempiras a las fundaciones Todos Somos Honduras y Dibattista, a través del Congreso Nacional, la Secretaría de Finanzas, la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) y BANADESA.
Para justificar la recepción de recursos, se crearon empresas fantasma, contratos ficticios y prestanombres, con los cuales los dineros públicos terminaron en los movimientos políticos “Azules Unidos”, “Amigos de JOH” y la sociedad mercantil “La Cachureca”, vinculada a gerentes de campaña departamentales.
Según la Fiscalía, en cada ampliación presupuestaria hubo participación directa de Lobo Sosa, quien autorizó el traslado de fondos entre secretarías para facilitar los desembolsos hacia las fundaciones utilizadas como fachada.
En 2023, la acusación se amplió formalmente contra los exmandatarios Lobo y Hernández y según el fiscal Santos esta acción fue posible hasta entonces, debido a que la UFERCO careció de apoyo de la Fiscalía General durante la “narcodictadura”, cuando el cargo fue ocupado por Óscar Chinchilla, mano derecha de Hernández.
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