La resolución de la Corte de Apelaciones de Nueva York cerró el proceso contra Juan Orlando Hernández; sin embargo, no revisó las pruebas ni modificó el veredicto emitido por el jurado, ya que el caso fue desestimado tras el indulto presidencial; es decir, fue declarado culpable, aunque hoy no enfrenta una condena vigente.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. La resolución del Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York sobre el caso del exmandatario Juan Orlando Hernández ha desatado una disputa de narrativa, mientras sectores afines intentan posicionar una supuesta “inocencia”, el propio documento judicial confirma lo contrario.
El fallo, fechado el 8 de abril de 2026, no revisa pruebas ni cuestiona el veredicto del jurado que declaró culpable a Hernández por delitos relacionados con narcotráfico. Por el contrario, la Corte se limita a resolver una solicitud de la defensa que trata de desestimar la apelación por pérdida de objeto (“mootness”), derivada de un indulto presidencial.
Es decir, la Corte no evaluó la culpabilidad de Hernández, sino que resolvió una solicitud de su defensa para cerrar la apelación por pérdida de objeto, luego del indulto presidencial otorgado por Donald Trump en diciembre del año pasado, lo que hizo innecesario continuar el proceso judicial.
Por ello, se concede la moción, se desestima la apelación, se anula la sentencia del tribunal de distrito y se remite el caso para su desestimación. Es decir, el proceso se extingue por una decisión externa —el indulto— y no por una evaluación judicial que desmonte la culpabilidad establecida en juicio.
El abogado hondureño Menjívar lo resume sin rodeos: no existe declaración de inocencia. La defensa pidió cerrar el proceso porque el indulto vuelve improcedente continuar la causa, y el tribunal accede a esa petición sin entrar al fondo del caso.
Por otro lado, análisis difundidos por el portal Pro-Honduras Network subrayan que el concepto de “mootness” implica que el caso pierde objeto, no que los hechos hayan sido desmentidos. En el sistema estadounidense, esta figura procesal cierra el litigio sin alterar el contenido probatorio ni el veredicto original.
Sin embargo, el fallo sí tiene un efecto jurídico relevante que ha sido minimizado en el debate público: la sentencia es anulada y el caso queda formalmente desestimado, lo que implica que ya no existe una condena ejecutable vigente en tribunales estadounidenses.
La distinción es que Hernández no fue declarado inocente, pero tampoco enfrenta una condena activa: fue hallado culpable por un jurado, pero su castigo quedó sin efecto por un indulto presidencial, no por una reivindicación judicial.
En medio de la polarización, el documento oficial desmonta ambos extremos: ni absolución ni victoria legal. Lo que existe es una salida procesal que cierra el caso sin tocar el fondo de los hechos.
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