Un total de 117 mujeres surcoreanas obligadas a trabajar como prostitutas para soldados estadounidenses han demandado al ejército de EE. UU. y a su propio gobierno, acusándolos de un sistema de prostitución forzada desde la década de 1950.
Además, exigen una disculpa oficial y una compensación en un histórico litigio que busca justicia tras décadas de silencio y estigma, recoge la AFP.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Un grupo de 117 mujeres surcoreanas ha interpuesto una demanda judicial sin precedentes contra el gobierno de Corea del Sur y el ejército de los Estados Unidos.
Las demandantes acusan a las fuerzas estadounidenses de haberlas obligado a prostituirse durante décadas para los soldados desplegados en el país, un hecho que se enmarca en la larga presencia militar de EE.UU. desde el armisticio de la Guerra de Corea en 1953.
La acción legal, presentada ante un tribunal de Seúl, reclama una compensación de 10 millones de wones (aproximadamente 7.200 dólares) para cada víctima y, de manera crucial, una disculpa oficial.
La abogada representante, Ha Ju-hee, explicó a la agencia AFP que la demanda responsabiliza de forma conjunta a ambas naciones por su papel en la creación y permisividad de un sistema de explotación sexual institucionalizado.
Según documentación histórica y denuncias de activistas, entre las décadas de 1950 y 1980 operaron redes de prostíbulos autorizados de facto por el Estado surcoreano.
Decenas de miles de mujeres, conocidas eufemísticamente como «yangsaeng-gongju» (damas de consuelgo), fueron sometidas a explotación, abusos físicos, palizas y tratamientos médicos forzados.
Una de las demandantes, que relató su caso bajo anonimato, declaró haber sido engañada y forzada a este sistema a los 17 años, bajo amenaza de deudas que nunca podía pagar.
Estas redes de prostitución no operaban de forma aislada, sino que eran un componente más de la economía local que floreció alrededor de los campamentos militares.
Se estima que los ingresos totales generados por la presencia de las tropas estadounidenses—incluyendo todos los servicios, contratos y empleo—llegaron a constituir hasta una cuarta parte del Producto Interno Bruto (PIB) surcoreano en las décadas de 1960 y 1970.
Los grupos defensores de los derechos de las mujeres califican lo ocurrido como una «violación de la Constitución surcoreana» y una destrucción sistemática de la autonomía y dignidad de las víctimas.
Por su parte, el mando militar estadounidense (USFK) indicó en un comunicado que es consciente de la demanda, pero se negó a realizar comentarios mientras el proceso legal esté en curso, reafirmando «su compromiso con el cumplimiento de las leyes de Corea del Sur» y el «mantenimiento de altos estándares de disciplina».
Este litigio histórico representa un paso monumental en la búsqueda de justicia, verdad y reconocimiento para un sector de la población que fue silenciado y estigmatizado durante generaciones. Además, reabre el debate sobre el papel y las prácticas de las tropas estadounidenses en sus intervenciones internacionales y las complejas relaciones bilaterales con los países que las albergan.
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