Diversos sectores de la sociedad manifestaron su inconformidad con la aprobación en el Congreso Nacional del decreto que retira facultades a la presidenta del Poder Judicial, señalando que la medida responde a un intento del Partido Nacional por retomar el control de la Corte Suprema de Justicia.
A su criterio, la reforma no busca fortalecer la institucionalidad ni la independencia judicial, sino abrir espacio para maniobras políticas orientadas a influir y manipular las decisiones del máximo tribunal del país, debilitando la separación de poderes y el equilibrio democrático.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. El Congreso Nacional aprobó un decreto orientado a retirar facultades administrativas a la presidenta del Poder Judicial, Rebeca Ráquel Obando, mediante reformas relacionadas con la Ley del Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial.
La decisión ha generado un intenso debate político y jurídico sobre la separación de poderes y la constitucionalidad de la medida.
El abogado Marco Palacios señaló que el decreto no es un hecho aislado, sino que tiene antecedentes en el decreto 282-2010, aprobado cuando el Congreso Nacional era presidido por Juan Orlando Hernández (2010-2014).
Palacios recordó que, posteriormente, esa normativa fue declarada inconstitucional cuando el Partido Nacional ya tenía la presidencia de la Corte Suprema de Justicia, con el fin de devolver atribuciones al entonces titular del Poder Judicial, Rolando Argueta.
“¿Por qué el Partido Nacional y un sector del bipartidismo han estado denunciando que la presidenta está ‘abusando’ de estas situaciones? Es porque ahora quieren maniobrar y manipular la Corte Suprema de Justicia”, expresó.
Asimismo, advirtió que permitir que magistrados revisen actos de jueces que ellos mismos nombran sería “ilógico e irregular”, ya que podrían condicionar decisiones futuras.
“La Constitución de la República establece que la administración y representación del Poder Judicial son funciones inherentes a la presidencia. Eso no puede obviarse”, afirmó.
Además, denunció que existe una injerencia marcada del Poder Legislativo sobre el Judicial con las acciones ejecutadas por el bipartidismo.
Por su parte, el dirigente del Partido Libertad y Refundación (Libre), Rasel Tomé, calificó la aprobación del decreto como “una mentira del bipartidismo” cuando argumentan que buscan garantizar la independencia judicial.
“El respeto que la presidenta de la Corte Suprema de Justicia ha mostrado hacia la independencia judicial marca una diferencia con lo que tradicionalmente hicieron presidentes anteriores. Lo que sucede es que ella no es cachureca y eso incomoda a diputados nacionalistas y a algunos liberales”, sostuvo.
Tomé agregó que, a su juicio, algunos de los sectores que impulsan la reforma actúan por intereses particulares y revanchismo político.
No obstante, reconoció que sí es necesaria una nueva Ley del Consejo de la Judicatura, y mencionó que la Corte propuso una mesa de concertación para discutir reformas integrales que regulen los mecanismos de nombramiento de jueces y magistrados.
En tanto, el abogado y experto en derechos humanos Joaquín Mejía manifestó que el momento actual pone a prueba la coherencia democrática en la defensa de la Constitución.
“Veremos quiénes condenan o guardan silencio frente a este golpe al marco constitucional cometido por el Congreso Nacional. Si se atrevieron a una violación tan evidente de la Constitución, está claro que están dispuestos a todo para lograr sus fines partidistas. La élite política en el Congreso no tiene el mínimo respeto por la legalidad. ¡Pobre Honduras!”, concluyó.
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