El abogado Joaquín Mejía alertó que cualquier decreto que exonere responsabilidades por crímenes del golpe de Estado es inconstitucional e imprescriptible, refiriéndose a la amnistía que promueven dentro del Congreso Nacional a favor de actores como el exjefe militar, Rome Vásquez Velásquez.
Redacción Central | EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. La propuesta de otorgar amnistía al exjefe militar Romeo Vásquez Velásquez reabre el debate sobre las graves violaciones a derechos humanos cometidas tras el golpe de Estado del 28 de junio de 2009 contra el entonces presidente Manuel Zelaya. Vásquez fue el jefe de las Fuerzas Armadas que ejecutó la captura y expulsión del mandatario, hecho considerado una ruptura del orden constitucional.
Según el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh), al menos 20 personas fueron asesinadas por motivos políticos en el contexto del golpe, más de 2,000 fueron detenidas arbitrariamente y centenares denunciaron torturas, agresiones y persecución.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también documentó ejecuciones, uso excesivo de la fuerza y represión sistemática contra manifestantes, señalando responsabilidad del Estado y sus fuerzas de seguridad.
Además, la Comisión de la Verdad y Reconciliación concluyó que las Fuerzas Armadas, bajo el mando de Vásquez, ejecutaron acciones ilegales, incluyendo allanamientos y detenciones arbitrarias. Uno de los casos emblemáticos fue el asesinato del joven Isy Obed Murillo por —aparentemente— disparos de militares durante una manifestación en julio de 2009.
Por este delito, a inicios de 2025 se ordenó requerir a Vásquez Velásquez junto a dos generales en condición de retiro, Venancio Cervantes y Carlos Roberto Puerto, acusados por el Ministerio Público por el asesinato del joven protestante. Aunque en un inicio fueron enviados a la cárcel de Támara, un juez ordenó medidas distintas a la prisión con arresto domiciliario.
Finalmente, esa orden fue revocada y, ante un eventual regreso a la cárcel, Vásquez se dio a la fuga, permaneciendo prófugo hasta hoy. Sin embargo, con el cambio de gobierno, el grupo Defensores de Honduras entregó a diputados nacionalistas y liberales la “Amnistía Política por Persecución”, que pretenden otorgar a los altos militares y a otros procesados judiciales.
“Amnistía podría generar demandas contra el Estado”
Sobre el tema, EL LIBERTADOR consultó al abogado y experto en temas sobre derechos humanos, Joaquín Mejía, quien advirtió que una amnistía contra actores del golpe de Estado violaría compromisos internacionales asumidos por Honduras. “La Corte Interamericana ha dejado claro que cualquier decreto de amnistía que pretenda quitar responsabilidad a quienes han cometido violaciones a derechos humanos es contrario a la Convención Americana”, afirmó.
El experto explicó que Honduras podría enfrentar sanciones internacionales si el Congreso aprueba una medida de ese tipo. “Lo que va a generar es una nueva demanda internacional contra el Estado y Honduras va a ser condenado porque es contrario a la Constitución”, sostuvo.
Mejía enfatizó que estos crímenes no prescriben. “Las graves violaciones a derechos humanos son imprescriptibles. Pueden pasar cien años y esos delitos se mantienen vigentes”, dijo, subrayando que el Estado está obligado a investigar y sancionar a los responsables.
El analista también señaló que la falta de justicia con relación al golpe de Estado responde a la influencia de grupos de poder en el sistema judicial. Citó incluso un informe de la CIDH que advierte sobre una justicia selectiva que no actúa contra actores vinculados al poder político y económico.
Para Mejía, cualquier intento de amnistía no solo negaría justicia a las víctimas, sino que consolidaría la impunidad. “Tenemos que seguir luchando como sociedad para que el sistema de justicia cumpla con su obligación de investigar y sancionar estos crímenes”, concluyó.
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