El exsecretario de Finanzas, Christian Duarte, rechazó que la deuda flotante, es decir, los compromisos del gobierno a corto plazo, configure una emergencia fiscal como lo pretende comunicar el Ejecutivo que dirige Nasry Asfura.
Advirtió que la narrativa busca justificar despidos, cierres institucionales y privatizaciones, pese a indicadores que, según afirma, reflejan estabilidad macroeconómica y cumplimiento de reglas fiscales.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. El exsecretario de Finanzas, Christian Duarte, cuestionó el discurso sobre una supuesta “emergencia fiscal” atribuida al monto de la deuda flotante del Estado y sostuvo que las cifras actuales no justifican medidas extraordinarias. A su juicio, detrás del planteamiento existiría la intención de promover despidos masivos, cierre de instituciones y una aceleración de procesos de privatización.
“Hoy todos los medios corporativos, ministros y hasta voceros de sociedad civil salen al unísono a declarar una supuesta ‘emergencia fiscal’ debido al monto de la deuda flotante. Hay que ser cínicos y sinvergüenzas. Ese valor de deuda flotante no es motivo de emergencia”, afirmó el exfuncionario.
Duarte contextualizó que en 2020 la deuda flotante alcanzó los 15,600 millones de lempiras y en 2021 el gobierno entrante recibió una cercana a los 13,000 millones. “Y se pagó”, enfatizó, al sostener que esos antecedentes demuestran que el indicador, por sí solo, no configura un escenario crítico.
El exsecretario también defendió la gestión fiscal del cierre de 2025, asegurando que se cumplieron las reglas establecidas en la Ley de Responsabilidad Fiscal. Según detalló, la deuda flotante se mantuvo por debajo del 0.5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), el déficit fiscal fue inferior al 1 por ciento del PIB y se aplicaron medidas de contención del gasto corriente.
“Eso nos permitió cerrar el gobierno con la mayor reducción en la historia de deuda pública, casi 10 por ciento del PIB, y el riesgo país más bajo en décadas, 2.34 por ciento”, aseguró Duarte, al presentar estos indicadores como evidencia de estabilidad macroeconómica.
En ese sentido, cuestionó el enfoque del actual debate público y advirtió que la narrativa de emergencia podría abrir la puerta a decisiones de alto impacto social. “Lo que realmente quieren no es sanear las finanzas públicas, sino un discurso y un decreto legislativo que justifique despidos masivos vulnerando todos los derechos laborales, el cierre de instituciones y programas enteros y el comienzo acelerado de la privatización y venta de los bienes públicos”, declaró.
Las declaraciones se producen en medio de un clima de discusión sobre la sostenibilidad fiscal y el manejo presupuestario del Estado, donde distintos sectores han planteado la necesidad de ajustes. Duarte, sin embargo, insistió en que el debate debe centrarse en datos técnicos y no en narrativas alarmistas.
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