La Asociación para una Ciudadanía Participativa rechazó el nombramiento de Kathia Crivelli en el sistema estatal de protección, con acceso al Consejo Nacional de Protección y la Unidad de Análisis de Riesgos, al considerar que viola la ley, carece de idoneidad y expone información sensible de defensores.
Según la Asociación, Crivelli presenta falta de acreditación académica y experiencia comprobada en protección de derechos humanos, además de un conflicto de interés por antecedentes de persecución y vínculos de su entorno familiar con redes señaladas por corrupción y criminalidad.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. La Asociación para una Ciudadanía Participativa (ACI PARTICIPA) denunció públicamente lo que considera una grave amenaza a la seguridad de las personas defensoras de derechos humanos, tras el reciente nombramiento de Kathia Crivelli en una posición estratégica vinculada al sistema de protección estatal.
La organización manifestó su preocupación ante la comunidad nacional e internacional, organismos de cooperación y el Sistema Internacional de Protección de Derechos Humanos, señalando que la designación vulnera la Ley para la Protección de Defensores, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia.
Según ACI, la normativa exige que los funcionarios encargados de estas funciones cuenten con idoneidad, ética comprobada y credibilidad pública, condiciones que, aseguran, no reúne la persona designada, lo que compromete la confianza en las instituciones responsables de salvaguardar vidas.
El comunicado destaca que Crivelli carece de acreditación académica y experiencia demostrable en la protección de defensores de derechos humanos, lo que constituye un incumplimiento de los estándares establecidos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre independencia institucional.
Asimismo, advierte sobre un posible conflicto de interés derivado del entorno familiar de la funcionaria, al vincular a su padre, el exalcalde Leopoldo Crivelli, con múltiples procesos judiciales y señalamientos de corrupción, lavado de activos y persecución política.
Entre los antecedentes citados figuran investigaciones por fraude en el caso “Mercado El Ceibón”, sobrevaloración de terrenos municipales y menciones en juicios por narcotráfico en cortes de Estados Unidos, además de detenciones en el marco de la Operación Themis.
ACI sostiene que varios periodistas y defensores presuntamente perseguidos por estas redes criminales son actualmente beneficiarios de medidas de protección, lo que agrava el riesgo de que información confidencial sea utilizada con fines de espionaje o represalia.
El pronunciamiento también denuncia vínculos políticos cuestionables de la familia Crivelli con sectores señalados por la justicia internacional, mencionando la cercanía con actores condenados por lavado de activos que hoy forman parte de la estructura de poder.
La organización considera que permitir el acceso de Crivelli a la Unidad de Análisis de Riesgos pone en peligro inmediato a las personas defensoras, al manejarse datos sensibles como direcciones, testimonios y evaluaciones de vulnerabilidad.
Por ello, exige la cancelación inmediata del nombramiento y responsabiliza directamente al gobierno de Nasry Asfura por cualquier atentado contra la integridad física o psicológica de defensores y sus familias, reiterando que sin protección real no hay democracia.
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