El decreto publicado en La Gaceta, mediante el cual el Congreso Nacional demanda al Consejo Nacional Electoral contar todos los votos que no fueron incluidos en la declaratoria oficial, marca un hecho inédito, según juristas consultados por EL LIBERTADOR.
Para el abogado Alcesar Durón, el órgano electoral está obligado a contabilizar la totalidad de los votos pendientes, los cuales —de acuerdo con el decreto— representan a más de 1.5 millones de electores cuyos sufragios no fueron escrutados.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. Finalmente, el Decreto No. 58-2025 fue ratificado por la presidenta hondureña, Xiomara Castro, y publicado en el Diario Oficial La Gaceta, mediante el cual el Congreso Nacional declara que el proceso electoral general no quedó válidamente concluido, al determinar que el escrutinio de votos no se realizó de forma íntegra, verificable ni conforme a derecho, como exige la Constitución de la República.
El decreto establece que la soberanía reside en el pueblo y que la legitimidad democrática depende de un escrutinio completo y verificable; por lo tanto, sin un conteo total de los votos no puede existir una declaratoria válida de elección.
Con ese contexto, el pasado 24 de diciembre, las consejeras del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López y Ana Paola Hall, junto al consejero suplente Carlos Cardona, emitieron la declaratoria oficial a nivel presidencial sin haber contabilizado la totalidad de las actas, proclamando como ganador al candidato del Partido Nacional, Nasry Asfura.
Posteriormente, el 30 de diciembre, se emitieron las declaratorias oficiales correspondientes a los niveles municipal y de diputaciones, ocasión en la que el propio CNE reconoció que el escrutinio no fue concluido, al haberse emitido declaratorias parciales sin agotar el cómputo total de actas, incluidas aquellas con inconsistencias o impugnaciones pendientes.
El decreto detalla actas de cierre no escrutadas:
Nivel presidencial: 306 actas (≈ 1.6%), 132,008 electores
Diputados: 2,620 actas (≈ 13.21%), 828,656 electores
Alcaldías: 1,848 actas (≈ 9.65%), 598,025 electores
Además, acredita irregularidades técnicas y procedimentales, entre ellas: fallas del sistema de Transmisión de Resultados Preliminares (TREP), omisión del escrutinio especial de actas, falta de sustento legal en decisiones del órgano electoral, coacción e injerencia que afectaron la certeza electoral.
Con base en el artículo 205 numeral 7 de la Constitución, el decreto sostiene que el Congreso Nacional posee una competencia excepcional y supletoria para realizar el escrutinio y declarar la elección presidencial cuando el órgano electoral no cumple con esa atribución, a fin de evitar la distorsión o el vaciamiento de la voluntad popular.
Y añade que activar dicha competencia no constituye una intromisión política, sino una garantía constitucional destinada a concluir el escrutinio pendiente y preservar la supremacía constitucional y la legitimidad del proceso electoral.
¿Qué pasará ahora?
El abogado y analista político Alcesar Durón sostiene que, desde el punto de vista jurídico, la emisión del decreto por parte del Congreso Nacional sí se encuentra dentro del marco legal, al tratarse de una atribución vigente de la Comisión Permanente: “En términos jurídicos, es una potestad que tiene la Comisión Permanente de emitir el decreto legislativo, porque todavía tiene facultades para hacerlo”.
Durón explicó que la decisión legislativa surge ante la omisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de concluir el escrutinio conforme a las impugnaciones y reclamos presentados tras los comicios del 30 de noviembre.
“Tenemos un CNE que debió dar la declaración, pero conforme a las impugnaciones que se habían hecho, a los reclamos de los diferentes entes que participaron en las elecciones del 30 de noviembre, pero, aun así, usted puede ver que sigue viendo a Jorge Aldana pidiendo y reclamando legalmente que se cuenten 435 actas que todavía no lo han hecho”, lamentó el togado.
A su juicio, ante ese escenario, la Comisión Permanente actuó conforme a derecho y la presidenta de la República procedió en consecuencia al sancionar y ordenar la publicación del decreto, resaltando que la mandataria Xiomara Castro cuenta con el mandato constitucional otorgado por el pueblo para hacerlo.
“No podemos seguir con el vicio del pasado. Esto ya no se puede dar vuelta atrás: vamos a contar voto por voto, y el Congreso está facultado para ello”, afirmó, descartando que se trate de una acción arbitraria.
Consultado sobre un eventual desacato del CNE a la orden legislativa, Durón advirtió que las consecuencias serían graves: “El CNE está obligado a cumplir. El decreto es claro: o se cuentan los votos, voto por voto, o se declararían nulas las elecciones”, afirmó, señalando que, en ese escenario, la actual administración continuaría en funciones hasta que se resuelva la crisis institucional.
Para el analista político Luis Munguía, el Poder Ejecutivo y el Legislativo cuentan con las facultades legales para ordenar el conteo voto por voto, por lo que se trata de una decisión ya tomada. Señaló que, pese a las reacciones de actores de la oposición, el proceso debe continuar. En ese sentido, hizo un llamado a la población consciente y a las bases del Partido Liberal para respaldar esta medida, al considerar que se trata de una acción en defensa de la democracia.
El analista sostuvo que corresponde al pueblo hondureño exigir en las calles la revisión voto por voto, ya que —a su criterio— diversas instituciones y sectores, como algunas oenegés, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) e incluso iglesias, han asumido posiciones parciales que favorecen un fraude electoral.
“Nosotros somos un país soberano, libre, independiente. La Constitución de la República, ley y reglamentación facultan, incluso, a la misma población que nosotros no debemos obediencia a un gobierno usurpador o que pretende llegar al poder de la nación por medio de un fraude masivo que, incluso, no ha tenido el reconocimiento internacional que ellos esperaban”, sostuvo en entrevista para medios.
Asimismo, Munguía cuestionó el reconocimiento internacional otorgado al proceso electoral, al afirmar que proviene de países y actores con intereses particulares en Honduras, entre ellos Estados Unidos y Argentina. A su juicio, el país atraviesa un momento histórico en el que la población debe asumir un rol protagónico, insistiendo en que, como señala el adagio popular, “solo el pueblo salva al pueblo”.
Deja un Comentario