El analista político y económico Edgardo Rovira analizó la respuesta del presidente estadounidense Donald Trump al ser consultado sobre el indulto al exmandatario hondureño Juan Orlando Hernández, en contraste con el ataque y captura del presidente venezolano Nicolás Maduro, justificados bajo su discurso antidrogas.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. El analista político y económico Edgardo Rovira se refirió este día a la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, en un operativo que incluyó ataques directos contra Caracas, señalando que el hecho debe analizarse a la luz del uso selectivo del discurso antidrogas en la política exterior estadounidense.
Rovira examinó las declaraciones del expresidente Donald Trump, quien justificó la acción militar al responsabilizar a Maduro de encabezar estructuras de narcotráfico. Sin embargo, advirtió que ese argumento entra en contradicción cuando se contrasta con el indulto otorgado al exmandatario hondureño Juan Orlando Hernández, condenado por narcotráfico en tribunales de Estados Unidos.
“La respuesta de Trump no aborda la pregunta central. No explica diferencias jurídicas ni probatorias, sino que desplaza el eje hacia una disputa política interna”, señaló Rovira, al recordar que el exmandatario estadounidense justificó el indulto afirmando que Hernández fue “perseguido injustamente” por la administración de Joe Biden (2021-2025).
Para el analista, ese razonamiento transforma una condena penal firme en un asunto de afinidades políticas. “El indulto no se presenta como una excepción legal cuidadosamente fundada, sino como un acto de conveniencia validado por aprobación popular”, afirmó.
Rovira subrayó que el contraste jurídico es elocuente: “En un caso se neutraliza una sentencia dictada por tribunales estadounidenses mediante una decisión ejecutiva; en el otro, se invoca la acusación penal para deslegitimar a un jefe de Estado extranjero y justificar presión o incluso el uso de la fuerza”.
A su juicio, esta práctica revela que “no hay un estándar común de legalidad, sino una administración selectiva del derecho”, lo que termina erosionando la credibilidad del marco normativo internacional. “El delito no se persigue por su gravedad; se gestiona según la alineación política del involucrado”, concluyó.
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