Senadores estadounidenses impulsaron una resolución para exigir al Gobierno de Donald Trump información sobre violaciones a derechos humanos, narcotráfico y corrupción vinculadas a la dictadura de Juan Orlando Hernández (JOH), condenado en Nueva York por tráfico de drogas y posteriormente indultado por el presidente “magnate”.
La iniciativa coincide con cuestionamientos que surgen tras el perdón presidencial otorgado al exmandatario hondureño. Uno de los senadores que impulsa la resolución afirmó que “los estadounidenses merecen respuestas”, pues fueron sus ciudadanos los más afectados con la narcoconspiración de JOH.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. La resolución presentada ante el Senado estadounidense exigir información sobre narcotráfico y violaciones a derechos humanos durante el gobierno de Juan Orlando Hernández (2014-2022) avanzó oficialmente al Comité de Relaciones Exteriores meses después de haber sido indultado por Donald Trump.
La iniciativa fue presentada por los senadores demócratas Tim Kaine y Catherine Cortez Masto, quienes buscan obligar al Departamento de Estado a entregar un informe detallado sobre las estructuras criminales y políticas vinculadas al exgobernante hondureño.
La resolución invoca la sección 502B(c) de la Ley de Asistencia Exterior de 1961, mecanismo utilizado por el Congreso estadounidense para exigir información sobre gobiernos señalados por violaciones sistemáticas a los derechos humanos y estructuras de corrupción estatal.
El documento solicita información sobre presuntas conexiones entre altos funcionarios hondureños y organizaciones de narcotráfico, incluido el Cartel de Sinaloa, así como actos de lavado de dinero, sobornos, manipulación de testigos, tortura y asesinatos.
También pide detallar las acciones emprendidas por Estados Unidos para promover derechos humanos en Honduras y determinar si asistencia de seguridad financiada por Washington terminó favoreciendo actividades vinculadas al tráfico internacional de drogas.
Y solicita, además, una evaluación oficial sobre la situación actual de Juan Orlando Hernández tras su condena y posterior indulto en Estados Unidos y sobre posibles vínculos que el exmandatario aún mantendría con organizaciones criminales transnacionales.
Según la resolución, el informe deberá ser elaborado por el Departamento de Estado en coordinación con la Oficina de Derechos Humanos y asesores legales estadounidenses, una vez la iniciativa sea aprobada formalmente por el Senado.
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Tim Kaine afirmó que “los estadounidenses merecen respuestas” sobre las razones detrás del indulto otorgado a Hernández, señalando que el caso involucra narcotráfico, corrupción estatal y violaciones graves a derechos humanos cometidas durante su administración.
La iniciativa surge meses después que Donald Trump otorgara en diciembre de 2025 un indulto presidencial “pleno y completo” al exgobernante hondureño, decisión que provocó cuestionamientos en sectores políticos y organismos internacionales.
Trump inició su segundo mandato presidencial en 2025 endureciendo su discurso contra el narcotráfico regional, declarando a carteles latinoamericanos como organizaciones terroristas y reforzando operaciones de seguridad en América Latina y el Caribe.
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Sin embargo, el perdón presidencial concedido a Hernández fue interpretado por analistas y sectores políticos estadounidenses como una contradicción frente a la narrativa antidrogas impulsada por la actual administración republicana en el continente americano.
Juan Orlando Hernández gobernó Honduras entre 2014 y 2022, periodo en el que, según fiscales federales de Nueva York, operó una estructura estatal que protegió redes criminales y facilitó el tráfico de toneladas de cocaína hacia Estados Unidos.
Durante el juicio desarrollado en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, fiscales estadounidenses sostuvieron que Honduras funcionó como un “narcoestado”, protegido mediante sobornos, corrupción institucional y alianzas con organizaciones criminales internacionales.
Las investigaciones judiciales estadounidenses señalaron además vínculos entre estructuras políticas hondureñas y el Cartel de Sinaloa, organización criminal mexicana mencionada repetidamente por fiscales y testigos colaboradores durante el proceso contra el expresidente hondureño.
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En marzo de 2024, Hernández fue condenado a 45 años de prisión por conspiración para traficar cocaína, posesión de armas y colaboración con organizaciones criminales, convirtiéndose en el primer exmandatario hondureño sentenciado por narcotráfico en Estados Unidos.
Aunque Trump argumentó la razón del indulto sobre negligencia judicial y una conspiración por parte del ala demócrata, argumentando magnificado por Hernández al atribuir el proceso a un complot de la “izquierda radical”, la divulgación conocida como Honduras Gate expone un plan regional detrás del perdón presidencial.
Este “Honduras Gate” trata de una serie de audios filtrados por el medio español Diario Red y la plataforma digital del mismo nombre. Según las grabaciones, existiría una presunta operación política regional vinculada al entorno de Juan Orlando Hernández, con la participación de actores internacionales y objetivos relacionados con la influencia mediática y la desestabilización de gobiernos progresistas latinoamericanos.
Los audios también mencionan aparentes planes relacionados con financiamiento estatal para plataformas digitales, expansión de las ZEDES, instalación de infraestructura militar regional y operaciones políticas dirigidas contra administraciones de México y Colombia.
Aunque las grabaciones no han sido judicializadas ni verificadas plenamente por autoridades internacionales —más allá de análisis técnicos hechos por medios independientes que las califican como “moderadamente confiables”—, la difusión del “Honduras Gate” ha sido vista con juicio crítico internacional ante una escalada regional por las injerencias directas de Estados Unidos.
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