La desautorización pública del presidente del Partido Liberal, Roberto Contreras, a la diputada Iroshka Elvir por llamar a movilizaciones contra un presunto fraude electoral evidenció una profunda fractura en el Partido Liberal, en medio de la creciente desconfianza ciudadana que podría llevar a una crisis como en 2017, explicó el analista José Zuniga.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. La desautorización pública del presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL), Roberto Contreras, a la diputada Iroshka Elvir por su llamado a movilizaciones en rechazo a un presunto fraude electoral, ha dejado al descubierto una profunda fractura interna dentro del liberalismo, en un contexto de creciente desconfianza ciudadana hacia el proceso electoral.
El analista político José Zuniga afirmó que esta confrontación evidencia la debilidad estructural y falta de cohesión del Partido Liberal, así como la existencia de sectores internos con intereses ajenos a la defensa del voto popular.
“Hoy diputada Iroshka Elvir ha notado que hay un sector oscuro dentro del mismo Partido Liberal al cual la mayoría del pueblo hondureño ya sabe que son parte del bipartidismo”, expresó en entrevista con EL LIBERTADOR.
Zuniga sostiene que estas posturas responden a intereses políticos particulares, reflejados tanto en el Consejo Central del Partido Liberal como en otras instancias del sistema político, incluidos actores con representación en el Consejo Nacional Electoral (CNE), alcaldías y diputaciones.
“La falta de cohesión partidaria y de una visión clara ha debilitado cualquier estrategia sólida que permita al ingeniero Salvador Nasralla consolidar un proyecto político firme”, agregó.
Asimismo, el analista cuestionó la actitud del presidenciable liberal, Salvador Nasralla, a quien atribuyó un temor a confrontar abiertamente irregularidades electorales por no incomodar al gobierno de Estados Unidos.
“El ingeniero debe de quitarse esos perjuicios de querer quedar bien con el Gobierno de los Estados Unidos, callarse y permitir que el fraude se lo pasen frente a su nariz, como él mismo lo ha denunciado, por temas propios de factores exógenos que han atentado contra la democracia”.
Consultado sobre si este escenario podría convertirse en un preámbulo de una crisis social similar o peor a la registrada en 2017, durante la reelección ilegal de Juan Orlando Hernández, Zúniga fue categórico:
“Claro que sí, un gobierno al no estar legitimado por el pueblo hondureño es un gobierno que va a no tener la legitimidad ni la transparencia que el pueblo hondureño busca para generar”.
El analista advirtió que la ya baja participación electoral de más de seis millones y medio de votantes podría reducirse aún más si se consolida un fraude, llevando la abstención a niveles históricamente críticos: “bajaría a datos nunca antes vistos, porque la elección del presidente hondureño no se vería reflejada por el pueblo.
Finalmente, Zúniga alertó que, incluso sin convocatorias oficiales, la indignación social podría traducirse en movilizaciones espontáneas, profundizando la crisis política y social del país: “la misma constitución de la república garantiza que nadie le debe obediencia a un gobierno ilegítimo, y al no haber la legitimidad otorgada por las urnas y otorgada bajo el escrutinio del voto popular, sería una situación de caos social y civil nunca antes vista en Honduras”.
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