Entes gremiales, empresariales y actores de la construcción han cuestionado el nuevo acuerdo ministerial sobre importación de cemento, advirtiendo que las restricciones técnicas podrían favorecer la concentración del mercado en manos de empresarios privilegiados.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. La publicación del Acuerdo Ministerial 027-2026, que oficializa el nuevo Reglamento Técnico Hondureño sobre cemento hidráulico, abrió un fuerte debate entre sectores empresariales, ingenieros civiles y actores vinculados a la construcción en Honduras, dejando en el camino protestas contra la medida.
Aunque el gobierno sostiene que la normativa busca garantizar calidad y seguridad en la comercialización del cemento, distintos sectores advierten que las nuevas exigencias podrían convertirse en barreras que limiten la competencia dentro del mercado nacional.
El reglamento, emitido por la Secretaría de Desarrollo Económico (SDE) y publicado en La Gaceta, incorpora controles técnicos, requisitos de etiquetado, registros y verificaciones obligatorias para el cemento producido o importado en el país.
Según el documento oficial, las medidas buscan proteger al consumidor y evitar la comercialización de materiales deficientes; sin embargo, empresarios del rubro consideran que la regulación podría exceder controles razonables y afectar directamente el libre mercado.
La principal preocupación gira alrededor de las nuevas cargas técnicas y administrativas exigidas para importar cemento, debido a que sectores consideran que el cumplimiento de estos procesos elevaría costos y dificultaría el ingreso de nuevos competidores.
Aunque el acuerdo no establece de manera explícita una prohibición a las importaciones, importadores y distribuidores sostienen que la normativa podría funcionar, en la práctica, como un mecanismo restrictivo que terminaría favoreciendo la concentración del mercado.
Uno de los comunicados más fuertes sobre la medida lo difundió Cementos de Honduras, empresa que aseguró públicamente que el reglamento “sí prohíbe importación”, “sí limita la competencia” y “sí cierra el mercado” del cemento en Honduras.
La compañía afirmó además que la aplicación del reglamento podría provocar aumento en el precio por bolsa de cemento, pérdida masiva de empleos y una reducción en proyectos de vivienda e infraestructura debido al encarecimiento del sector construcción.
Detrás de esas críticas aparece una preocupación compartida por parte de importadores y distribuidores: que las nuevas regulaciones terminen beneficiando únicamente a empresas con mayor capacidad económica para cumplir procesos técnicos y burocráticos más complejos.
Diversos sectores económicos advierten que, cuando las regulaciones elevan demasiado los costos de entrada, el mercado tiende a concentrarse en menos actores, reduciendo competencia y limitando opciones tanto para consumidores como para constructoras.
En medio de la controversia también reaccionó el Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras (CICH), que reconoció la necesidad de establecer parámetros mínimos de calidad para un producto considerado esencial en obras de infraestructura y construcción.
Sin embargo, el gremio coincidió en que la aplicación del reglamento podría limitar el ingreso de nuevos cementos al mercado nacional, afectando la libre competencia y el acceso a precios más accesibles para consumidores y desarrolladores de proyectos.
A diferencia del tono más confrontativo de otros sectores empresariales, el CICH mantuvo una postura más técnica, señalando que el problema no radica necesariamente en regular el cemento, sino en el posible impacto económico de regulaciones excesivamente restrictivas.
Como respuesta al escenario planteado, el Colegio de Ingenieros Civiles propuso la creación de un Observatorio de la Construcción, destinado a monitorear precios, competencia y comportamiento del mercado ante la entrada en vigor del nuevo reglamento técnico.
La decisión del gobierno llevó a una extensa protesta esta semana exigiendo cambios en el reglamento. Previamente, las autoridades firmaron un congelamiento del precio del cemento como respuesta a las críticas que apuntaban al encarecimiento del producto esencial para la infraestructura nacional.
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