La Corte de Apelaciones ratificó el auto de formal procesamiento contra Lisandro Rosales –que también fungió como Canciller– y otros funcionarios de Copeco durante la dictadura de Juan Hernández, acusados por el delito de fraude, al considerar que existen elementos probatorios suficientes sobre su posible participación en el desvío de unos 265 millones de lempiras.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. La Corte de Apelaciones en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción ratificó el auto de formal procesamiento contra varios exfuncionarios de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), acusados por el supuesto desvío de 10 millones de dólares, equivalentes a unos 265 millones de lempiras, financiados con un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) destinado a la construcción de puentes.
El portavoz del Poder Judicial, Carlos Silva, detalló que el tribunal confirmó la situación jurídica de Guillermo Suazo Devis y Francisco Arturo Maldonado Aguilar, quienes continuarán enfrentando el proceso penal en calidad de autores del delito de fraude. No obstante, a ambos se les ratificó el sobreseimiento definitivo por el delito de violación a los deberes de los funcionarios.
En el mismo expediente, Amílcar René Girón, Mayra Tosta Appel y Silvia María Zúniga Castillo fueron procesados en calidad de cómplices. Asimismo, se mantienen vigentes órdenes de captura contra el extitular del Comité de Copeco, Lisandro Rosales Vanegas, y Tania Sofía Alvarenga, a quienes el Ministerio Público supone responsables, a título de autores, de los delitos de fraude y violación a los deberes de los funcionarios.
Según el requerimiento fiscal, el BID asignó en 2010 un monto total de 19 millones de dólares para la ejecución del programa Prevención y Mitigación de Desastres Naturales, recursos que serían utilizados para la construcción de varios puentes en distintas zonas del país.
De acuerdo con la acusación, aunque se realizó la contratación de personal y se efectuaron los pagos correspondientes, las obras no fueron concluidas, lo que habría generado un perjuicio económico al Estado y un impacto negativo en las finanzas públicas.
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