Diversos sectores han señalado que el decreto de emergencia en salud aprobado por el Congreso carece de datos precisos que detallen la magnitud real de la mora quirúrgica y el desabastecimiento de medicamentos en los distintos centros hospitalarios del país, así como la ausencia de información sobre el monto del fideicomiso que sería destinado a prestadores privados.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. Con los votos de los diputados del Partido Nacional y del Partido Liberal, el Congreso Nacional aprobó un decreto de emergencia en el sistema público de salud hasta el año 2027, bajo el argumento de reducir la mora quirúrgica y el desabastecimiento de medicamentos que afecta a miles de pacientes en hospitales estatales.
La iniciativa contempla como medida inmediata la contratación de servicios médicos y quirúrgicos en clínicas privadas, mientras se habilitan nuevos quirófanos en los centros hospitalarios públicos. Sin embargo, el decreto no detalla el impacto financiero que tendría esta decisión para las arcas del Estado ni establece con claridad los mecanismos de control, fiscalización y transparencia en el uso de los recursos.
Diversos sectores han advertido que la normativa podría encubrir un retorno a viejas prácticas de corrupción y privatización, al convertir una deficiencia estructural del Estado en una oportunidad de negocio para clínicas privadas y la banca que las financia.
En ese contexto, el médico Hugo Fiallos cuestionó la declaratoria de emergencia, señalando que esta situación ha sido permanente en el país.
“Emergencia en salud existe desde hace más de 40 años. Ese decreto de emergencia sanitaria es un muerto maquillado para que se vea bonito. Se necesita un plan de salud sistémico que rompa con las argollas de corrupción en la Sesal y los diferentes hospitales. Empiecen a reforzarlos”, expresó.
La diputada de Libertad y Refundación (Libre), Clara López, manifestó su preocupación por las lagunas en los mecanismos de control y supervisión contemplados en la Ley de Medidas Excepcionales para la Atención Prioritaria en Materia de Salud de la Población.
“El decreto no establece medidas claras para regular la actuación del personal de salud que labora simultáneamente en el sistema público y en clínicas privadas, lo que podría propiciar prácticas indebidas en perjuicio de los pacientes”, advirtió.
Asimismo, alertó sobre la falta de garantías para asegurar que los hospitales privados cumplan con criterios mínimos de calidad y cuenten con licencia sanitaria, lo que podría representar riesgos graves para la población. También recordó antecedentes de resistencia a los procesos de fiscalización por parte de algunos prestadores privados, lo que hace urgente fortalecer los mecanismos de transparencia e inspección.
Por su parte, el diputado Rafael Sarmiento afirmó estar a favor de una salud pública y de calidad, pero rechazó cualquier intento de privatización del sistema.
“Estoy en contra del cobro de citas y operaciones, del cierre de hospitales públicos y del Instituto Hondureño de Seguridad Social, del desabastecimiento de medicamentos por falta de planificación y de estados de emergencia sin justificación, sin resultados, que se convierten en despilfarro y sin control”, sostuvo.
El ex titular de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), Erick Tejada, calificó la medida como parte de una operación ideológica que busca justificar la privatización de la salud bajo el discurso de que lo público no funciona.
“Retorno a fideicomisos llenos de opacidad, contrataciones directas y tercerización. Nunca se había puesto esa cola de ‘medidas necesarias’ que violan todo el debido proceso”, denunció.
Además, cuestionó el rol de la Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ), al recordar que en años anteriores criticó las compras directas, pero ahora guardaría silencio al ser incluida en la elaboración del reglamento del decreto.
“Bueno, ahora no dirá nada porque según decreto van a ser parte de la elaboración del reglamento. Sigue la racha privatizadora destruyendo todo lo que huela a público”, puntualizó.
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