“Los grandes grupos farmacéuticos, intereses multimillonarios y redes privadas que han hecho negocio con la enfermedad del pueblo, han hecho el negocio de sus vidas y la afectación más grande al pueblo en gobiernos nacionalistas”, recordó el abogado Ricardo Soto, tras que Nasry Asfura asumiera también como titular en la Secretaría de Salud.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. Tras el anuncio de que el presidente Nasry Asfura asumirá directamente el control de la Secretaría de Salud (Sesal), el abogado y analista político Ricardo Soto advirtió que esta decisión genera más dudas que certezas, debido a los históricos vínculos entre el sector salud y estructuras mafiosas ligadas al Partido Nacional.
Soto señaló que, en términos generales, que un gobernante decida colocarse al frente de una institución clave como Salud podría interpretarse, en un primer momento, como una acción positiva e incluso necesaria. Sin embargo, aclaró que ello solo sería aplaudible si el objetivo real fuera desmontar los intereses privados.
“Si Nasry Asfura (aún desde su condición de facto, producto del fraude y la ilegalidad) realmente asumiera esa responsabilidad para arrebatarle la Secretaría de salud a las mafias, sería una decisión que podría valorarse. El problema es que cuesta creerlo”, afirmó.
El abogado recordó que las estructuras que dominan el sistema de salud en Honduras están profundamente ligadas al Partido Nacional (PN), en particular grandes grupos farmacéuticos, intereses multimillonarios y redes privadas que han hecho negocio con la enfermedad del pueblo, especialmente durante los gobiernos nacionalistas.
“No podemos olvidar el hecho que el principal saqueador del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), Mario Zelaya, era el propio suplente en fórmula de Nasry Asfura”, agregó.
En ese contexto, Soto consideró que el hecho de que el mandatario se encargue directamente de la Secretaría de Salud despierta la sospecha de que se trate de una profundización de los intereses privados dentro del sistema sanitario, ahora garantizados desde el propio Poder Ejecutivo.
“Más aún si recordamos que, en campaña, Asfura planteó abiertamente que la gente debía acudir a hospitales privados y no tanto al público. En ese sentido, hoy lo que refuerza es la sospecha de que esta movida apunta a privatizar la salud, entregarla a los privados y convertirla en un negocio gigantesco a costa del sufrimiento de la población”, advirtió.
Para Soto, si ese es el rumbo que se pretende seguir, Honduras estaría frente a una de las peores decisiones posibles: “Sería un golpe directo contra la salud pública y contra el pueblo hondureño”.
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