Las comunidades y organizaciones campesinas se cansaron de denunciar ante operadores de justicia que en el Bajo Aguán y zonas aledañas el crimen organizado se había infiltrado para favorecer grupos privados; no hubo acción del Estado hasta que 19 personas fueron acribilladas y hoy, los defensores de la tierra, piden intervención extranjera porque no creen en las autoridades nacionales.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), es la esperanza de las comunidades campesinas que habitan en el departamento de Colón, sobre todo en el sector del Bajo Aguán que suma casi 150 años en crisis de tierras y explotación desenfrenada de empresas, primero con el enclave bananero y en la actualidad con el enclave de la palma africana.
Esta ha sido la afirmación del representante de la Plataforma Agraria del Aguán y de la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán (COPA), Jhonny Rivas, ante la incertidumbre e inoperancia del Poder Judicial hondureño para defender la tierra y los campesinos.
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Rivas habló con EL LIBERTADOR respecto a la matanza suscitada el pasado jueves y que, según la Fiscalía del Ministerio Público, cobró la vida de 19 personas en Rigores (Trujillo, Colón), comunidad ubicada a unos 420 kilómetros al noreste del Distrito Central (Tegucigalpa y Comayagüela), capital del país.
Y, es que, según Rivas desde hace tiempo las organizaciones campesinas han denunciado ante operadores de justicia la existencia de estructuras criminales que operan en el Bajo Aguán “al servicio de agroindustriales”; este detalle ya expone la falta de seriedad en el Gobierno, luego que el titular de Seguridad Gerson Velásquez afirmara que la actividad antisocial estaba infiltrada en movimientos agrícolas, no en el territorio.
“Hasta hoy no hemos visto voluntad para neutralizar su actuar. Debido a la impunidad y a la protección de la cual gozan estas estructuras criminales es que hemos llegado a estos niveles de violencia”, denunció el activista social.
El dirigen también criticó las reformas aprobadas en el Congreso Nacional con el delito de usurpación, ya que éstas podrían utilizarse para criminalizar a quienes reclaman acceso a la tierra.
“Es causa de preocupación la narrativa reiterada de funcionarios como Tomás Zambrano contra quienes luchamos por el derecho al acceso a la tierra, llamándonos usurpadores. También preocupa el decreto presentado en febrero para proteger a las agroindustrias, violentando el artículo 60 de la Constitución, que establece que en Honduras no hay grupos privilegiados”, expresó.
Rivas añadió que la Constitución hondureña prohíbe los latifundios y señaló que, en el caso del Valle del Aguán, existen extensiones de tierra que superan ampliamente los límites establecidos.
“Hay personas jurídicas con más de 300 hectáreas, lo que constituye latifundio. La familia Facussé posee unas 34 mil hectáreas. Eso significa que no existe un verdadero Estado de Derecho cuando no se cumple la Constitución y aun así se busca proteger a estas agroindustrias sacrificando a los sectores desposeídos”, concluyó.
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Por otro lado, las organizaciones integrantes de la Coalición Contra la Impunidad (CCI), además de condenar la masacre han señalado que el hecho evidencia la vulnerabilidad que enfrentan desde hace años las familias campesinas del Aguán.
“La violencia en el Aguán tiene raíces históricas motivadas por el despojo de la tierra que empresarios agroindustriales, con la tolerancia, omisión o complicidad de instituciones del Estado, han desarrollado contra cooperativas campesinas que reivindican derechos legítimos sobre la tierra”, expresaron.
Las organizaciones denunciaron además la “responsabilidad estructural del Estado de Honduras” al no garantizar seguridad, justicia y protección a las comunidades campesinas, pese a las constantes denuncias de amenazas, ataques y presencia de grupos armados vinculados a estructuras criminales.
Además, advirtieron que el Estado hondureño ha sido incapaz de garantizar la vida e integridad de campesinos y defensores del territorio en el Aguán, aun cuando las cooperativas han manifestado voluntad para buscar soluciones pacíficas al conflicto agrario.
Finalmente indicaron que esta incapacidad se refleja en la falta de respuestas estructurales al conflicto por la tierra y en la ausencia de acciones eficaces para prevenir ataques, investigar denuncias y proteger a las comunidades frente a dinámicas de violencia, extorsión y desplazamiento.
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