Los pueblos indígenas de la Moskitia hondureña, alzaron la voz esta mañana en contra de la Ley Agroindustrial al considerar que las autoridades del Estado permitirán que la ocupación ilegal de territorios ancestrales sea “reglamentada”, exigiendo que el Gobierno cumpla el proceso de saneamiento de tierras que está pendiente desde 2019.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. Representantes de los pueblos indígenas que habitan en la Moskitia hondureña (departamento de Gracias a Dios), se concentraron esta mañana en la capital del país para, nuevamente, alzar la voz exigiendo a las autoridades del Estado que cumplan de una vez el proceso de saneamiento de tierras prometido desde el 15 de julio de 2019 en el Decreto Ejecutivo PCM-035-2019.
El evento contó con la participación de representantes de las tribus Miskitu, Pech, Tawahka y Garífuna, organizados en Miskitu Asla Takanka (MASTA) –o “Unidad de la Moskitia”–, el Consejo de Ancianos y Juventud de la Moskitia, y la Unión de pueblos indígenas y negros de la Moskitia, plataformas que han peleado por la preservación del territorio ancestral.
La exigencia, se enmarca además en el peligro que ven los pueblos del principal pulmón de la región con la propuesta de la Ley para el Fortalecimiento y Protección del Sector Agroindustrial de Honduras (o simplemente Ley Agroindustrial), porque la consideran una agravante a la crítica situación en la zona.
“Con la Ley Agroindustrial, los ocupantes pretenden legitimar el despojo y el robo de nuestras tierras, permitiendo un proceso de destrucción acelerada del bosque, la construcción de caminos que ya destruyeron la zona núcleo de la Reserva de Biosfera Tawahka y que ahora mismo están penetrando en la zona cultural de la Reserva de Biosfera Río Plátano”, apuntaron.
Además, han reiterado que como pueblos organizados se oponen a cualquier iniciativa de ley que pretenda legitimar el despojo de las tierras indígenas, impedir el proceso de saneamiento ya establecido desde el 2019 y legitimar la destrucción de las ultimas áreas protegidas de Honduras.
“La ambición de unos pocos, financiada con recursos de oscura procedencia no puede estar sobre los intereses y derechos de los Pueblos indígenas y de toda la Nación”, señalaron.
En su conferencia de prensa, las organizaciones advirtieron que, de continuar la iniciativa de Ley Agroindustrial y de no avanzar el saneamiento, acudirán a instancias internacionales demandando al Estado de Honduras el cumplimiento de sus compromisos internacionales.
Al respecto de este tema, el presidente del Consejo Territorial Katainasta y secretario de Masta, Daniel Kiapa Prado, dijo a EL LIBERTADOR que las principales amenazas que enfrentan los territorios ancestrales de la Moskitia, se vinculan al acaparamiento de tierras y la violencia ejercida por personas ajenas a las comunidades.
“La situación que vive nuestra Moskitia hondureña es precaria, una situación difícil en varios aspectos. En primer lugar, es el acaparamiento de nuestro territorio, de nuestras tierras de manera ilegal, las ventas ilegales y la destrucción de nuestra naturaleza, el tema de las aperturas de las carreteras ilegales sin consultas amenazando a nuestros líderes defensores de estos territorios”, denunció.
El dirigente manifestó que como organizaciones han estado muy preocupadas porque han buscado los espacios ante el Gobierno Central, a las diferentes secretarías de Estado vinculadas al proyecto de saneamiento, “pero definitivamente ha sido muy poca la respuesta que hemos recibido”.
“Hoy pedimos y exigimos al Gobierno una atención y una pronta respuesta ante las amenazas, las destrucciones que tenemos. Y no solamente las tierras que nos pertenecen”, reiteró.
Kiapa Prado resaltó que desde la década de 1980 la Biósfera del Río Plátano fue declarada “patrimonio de la humanidad” y, ante proyectos ilegales en la Moskitia y la Ley Agroindustrial, ve un riesgo para el Gobierno, la sociedad y, sobre todo, la población indígena.
El 15 de julio de 2019, el Diario Oficial “La Gaceta”, publicó el Decreto Ejecutivo PCM-035-2019, cuyo objetivo no es otro que ordenar y sanear la tenencia de tierras en toda la región, especialmente en territorios ancestrales que hoy están en disputa por la ocupación ilegal.
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