Diversos sectores de la sociedad han señalado que, con las reformas orientadas a endurecer las penas del delito de usurpación, el gobierno de Nasry Asfura estaría buscando criminalizar a grupos vulnerables que actualmente están en juicios por regular sus tierras, con el fin de despojarlos bajo el argumento de llamarlos invasores.
Asimismo, advierten que estas medidas implicarían llevarlos ante los tribunales de justicia, limitando su capacidad de pronunciarse sobre la explotación de sus territorios nativos.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. El Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS), encabezado por el presidente Nasry Asfura, celebró una sesión en la que discutió reformas al Código Penal orientadas a endurecer las penas y fortalecer la seguridad jurídica en materia de propiedad privada, mediante mecanismos legales para “combatir” el delito de usurpación.
En ese contexto, el abogado José Zuniga manifestó a EL LIBERTADOR su preocupación por el enfoque de estas reformas, al considerar que podrían afectar a comunidades históricamente vinculadas a la lucha por la pertenencia de la tierra, sobre todo los pueblos ancestrales.
“Históricamente han tenido derecho a las tierras de las cuales han sido nativos y las cuales han pasado de generación en generación, pero que lastimosamente terminan en grandes empresas y la historia ha sido clara estos líderes han pagado con su vida por proteger las tierras en Honduras y lo que miramos ahora es el claro favoritismo hacia los sectores empresariales y privilegiados de nuestro país con esta reforma que pretenden”, lamentó.
El jurista sostuvo que a varios grupos campesinos y sectores vulnerables –como en el Bajo Aguán, por ejemplo– se les ha acusado de usurpación sobre tierras que les pertenecen, pero que no son reconocidas por el Estado. Además, señaló que existen compromisos políticos que, a su criterio, se traducen en la cesión de grandes extensiones de tierra a intereses privados.
Además, advirtió que el Gobierno actual mantiene compromisos de carácter político que se traducen en el “pago de favores” mediante la cesión de grandes extensiones de tierra que pertenecen a grupos vulnerables para su explotación.
Asimismo, apuntó que con estas reformas se pretende criminalizar a los sectores campesinos, llevándolos ante los tribunales de justicia, limitando su capacidad de pronunciarse sobre la explotación de sus tierras nativas y debilitando la fuerza del pueblo hondureño.
Zúniga también cuestionó el incumplimiento de sentencias internacionales, señalando que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha emitido fallos a favor de comunidades garífunas para el reconocimiento de sus territorios ancestrales, pero no han sido acatados por distintos gobiernos a través de la Procuraduría General República y las denuncias de los pueblos ante abusos de “terceros” quedan engavetadas en el Ministerio Público (MP).
Indicó que se han movido piezas fundamentales tanto dentro del MP como de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para que respondan a los intereses del actual Gobierno y no a los intereses ni a la seguridad jurídica que tanto se demanda, haciendo caso omiso de sentencias ya dictadas.
En ese sentido, recriminó que Honduras podría enfrentar consecuencias internacionales: “Se expondría a considerarse un Estado de Derecho fallido en el cumplimiento de sentencias a nivel internacional lo cual esto vendría a sumar con una fuerte indemnización a esos grupos garífunas, grupos campesinos en general por la falta de cumplimiento y garantías a lo que ya está sentenciado y dictaminado”.
Por su parte, el Centro de Estudio para la Democracia (Cespad), alertó que el endurecimiento de penas por usurpación se suma a un marco normativo que ha facilitado la judicialización de campesinos y defensores del territorio desde las reformas penales entre 2019 y 2021.
“El tema de la ’seguridad jurídica’ ha sido históricamente utilizado para priorizar la protección del sector privado en detrimento de las garantías y derechos colectivos sobre la tierra”, apuntó la organización.
Además, Cespad cuestionó que la evidencia documentada muestra que la figura de usurpación ha sido aplicada como instrumento de persecución judicial especialmente en zonas vinculadas a proyectos extractivos y de monocultivo con antecedentes de corrupción y que responden a una crisis estructural.
El organismo advirtió que estas reformas implican riesgos como la criminalización del conflicto agrario, una respuesta coercitiva del Estado y una mayor estigmatización de sectores campesinos y ambientalistas.
Finalmente, se expresó preocupación por la falta de fortalecimiento del Instituto Nacional Agrario (INA), institución clave en la regulación de la tenencia de la tierra y en la mediación de conflictos agrarios, lo que podría agravar aún más la problemática en el país.
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