La empresa ASD, quien operó el Sistema de Transmisión (TREP) en Honduras, estaba encargada de operar el software de resultados en las elecciones colombianas; no obstante, debido a las acusaciones de fraude electoral, la entidad anunció su renuncia del proceso.
Sin embargo, una investigación de la Revista RAYA expuso que el mismo software de ASD continúa operando en la compañía que la suplantó. El presidente Gustavo Petro intensificó el tema al denunciar un fraude en curso, al estilo Honduras.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. Una investigación publicada por la Revista RAYA reveló que la empresa Grupo ASD S.A.S., cuestionada por su papel en las elecciones presidenciales de Honduras en 2025, continúa participando operativamente en la organización de los comicios legislativos de 2026 en Colombia, pese a haber renunciado formalmente al contrato electoral.
El reportaje señala que, aunque ASD cedió oficialmente su participación dentro del consorcio encargado de las elecciones colombianas, documentos contractuales, testimonios y registros de simulacros evidencian que la compañía sigue interviniendo en capacitaciones, pruebas técnicas y en el funcionamiento del software de escrutinio que procesará los votos.
En Colombia, la entidad equivalente al Consejo Nacional Electoral hondureño es la Registraduría Nacional, organismo encargado del preconteo —conteo preliminar divulgado la noche de elecciones— y del escrutinio oficial. Según RAYA, el mismo software cuya operación estaba en manos de ASD continúa siendo utilizado en pruebas técnicas, aun después de que la empresa anunciara su retiro.
La controversia estalló tras declaraciones del presidente colombiano Gustavo Petro, quien habló de un presunto “fraude técnico” similar al denunciado en Honduras, es decir, diferencias entre las actas físicas y los resultados arrojados por el sistema informático. Petro presentó incluso el testimonio de una excontratista que aseguró haber recibido datos de votación antes del cierre oficial de urnas en procesos anteriores.
No es la primera vez que el sistema es cuestionado en Colombia. En 2014, el Consejo de Estado reconoció irregularidades en el escrutinio legislativo que afectaron al partido MIRA, luego de comprobar inconsistencias entre formularios físicos y resultados digitales. Ese antecedente ha sido citado nuevamente en el debate actual.
ASD: trayectoria, cesión formal y continuidad operativa
La empresa ASD no es una menor. Ha participado en procesos electorales en Colombia desde 2014, suministrando software para transmisión y procesamiento de resultados. En 2026 integraba la Unión Temporal encargada de organizar los comicios legislativos, liderada por la firma Thomas Greg & Sons.
Tras las denuncias surgidas en Honduras, ASD solicitó ceder su participación argumentando que los cuestionamientos afectaban la transparencia del proceso colombiano. Formalmente, sus funciones fueron trasladadas a Manejo Técnico de Información S.A., empresa vinculada al mismo consorcio.
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Sin embargo, la investigación de RAYA sostiene que la salida fue más jurídica que operativa. Contratistas firmaron acuerdos con ASD incluso después de aceptada la cesión, participaron en simulacros coordinados por personal vinculado a la empresa y probaron el mismo software que será utilizado en las elecciones.
La magistrada del Consejo Nacional Electoral colombiano, Fabiola Márquez, advirtió que un cambio de razón social no implica necesariamente un cambio tecnológico o humano. Es decir, aunque el nombre se modifique dentro del consorcio, la infraestructura, el código fuente y el personal técnico pueden permanecer.
Honduras: el apagón de 96 horas y la sombra del fraude técnico
El debate colombiano revive inevitablemente lo ocurrido en Honduras en noviembre de 2025, cuando ASD operó el Sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP).
Tras el cierre de urnas, el sistema sufrió un “apagón técnico” que se extendió durante aproximadamente 96 horas (del 1 al 4 de diciembre). Durante ese período, la publicación de resultados se interrumpió y, al restablecerse, se reportaron inconsistencias entre actas físicas y cifras digitales, según denunciaron actores políticos.
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El entonces candidato Salvador Nasralla acusó a la empresa de manipulación del algoritmo y de restringir acceso a los servidores. Por su parte, autoridades electorales hondureñas mencionaron mantenimientos no autorizados y posibles ataques informáticos. ASD sostuvo que el colapso se debió a un volumen inusual de tráfico y negó cualquier irregularidad deliberada.
Finalmente, el Consejo Nacional Electoral declaró ganador a Nasry Asfura por un margen estrecho. El proceso dejó protestas en varias ciudades, incluida Tegucigalpa, y una profunda polarización política.
El contexto político internacional también fue determinante. El expresidente estadounidense Donald Trump expresó públicamente su respaldo a Asfura, afirmando que fue el candidato que impulsó en Honduras. Paralelamente, Juan Orlando Hernández, condenado en Estados Unidos por conspiración para traficar más de 400 toneladas de cocaína hacia ese país, fue beneficiado por un indulto presidencial estadounidense.
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Estos hechos configuran un escenario geopolítico que, para sectores críticos, rodeó de intereses externos el proceso hondureño. En Honduras, la Procuraduría solicitó informes para determinar si ASD cumplió con sus obligaciones contractuales en el TREP.
Aunque no existe hasta ahora una condena judicial contra la empresa, el escándalo dejó abierta la discusión sobre la confiabilidad del software electoral y la dependencia de compañías privadas extranjeras en procesos democráticos sensibles.
La investigación de Revista RAYA sugiere que la salida formal de ASD del contrato electoral colombiano no implicó una ruptura técnica real. En paralelo, los antecedentes en Honduras mantienen viva la pregunta sobre la transparencia del procesamiento digital de votos.
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