El abogado y especialista en derechos humanos, Joaquín Mejía, alertó que la propuesta de Ley de Reactivación Económica podría vulnerar el acceso a la justicia para empleados públicos al impedir acciones judiciales por despidos, contraviniendo estándares de la Corte IDH y la Constitución.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. El abogado y especialista en derechos humanos, Joaquín Mejía, advirtió que la Procuraduría General de la República (PGR) y el Congreso Nacional deben analizar con detenimiento la propuesta de Ley de Reactivación Económica y Desarrollo Humano, ya que, de confirmarse su contenido, presentaría un grave problema al establecer que no procederán las acciones judiciales frente a despidos.
Mejía recordó que en la sentencia Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) Vs. Perú, la Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó que las garantías judiciales se vulneran cuando existen impedimentos normativos o prácticos que obstaculizan el acceso efectivo a la justicia.
Asimismo, citó el fallo Trabajadores Cesados de Petro y otros Vs. Perú, en el que el tribunal interamericano estableció que el derecho al trabajo incluye el acceso a la justicia y a la tutela judicial efectiva, tanto en el ámbito público como en el privado de las relaciones laborales.
“El acceso a la justicia frente a cualquier decisión que pueda vulnerar un derecho es un derecho fundamental que, a la luz del artículo 64 constitucional y de la jurisprudencia interamericana, no puede ser restringido, tergiversado ni limitado”, recordó.
El jurista subrayó que una ley que prohíba impugnar los eventuales efectos derivados de su aplicación no puede considerarse válida, ya que el derecho de acceso a la justicia no puede ser arbitrariamente restringido, reducido o derogado.
“Una norma de este tipo vulnera los art. 8 y 25 de la CADH (garantías judiciales y protección judicial), en relación con los art. 1.1 y 2 (obligación de respetar y garantizar, y deber de adecuar el derecho interno), porque restringe el acceso a recursos judiciales efectivos”, explicó.
Según el titular de la Secretaría de Finanzas, Emilio Hércules, esta ley, que ya fue leída en el Congreso Nacional (CN), tiene como objetivo que el Poder Ejecutivo pueda realizar una reducción del aparato estatal para “mejorar” el gasto público.
Deja un Comentario