La presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Rebeca Raquel Obando, advirtió que la nueva Ley del Consejo de la Judicatura afectaría la independencia del Poder Judicial y generaría riesgos en el funcionamiento del máximo tribunal, al recordar que la Constitución establece que los poderes públicos son independientes y complementarios.
Redacción Central/EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. La presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Rebeca Raquel Obando, se pronunció sobre la reforma que sectores del bipartidismo promueven en el Congreso Nacional para retirar facultades a la Presidencia del Poder Judicial mediante una nueva Ley del Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial, señalando que el proyecto representa riesgos jurídicos, operativos e institucionales que podrían afectar la independencia judicial.
Obando subrayó que el Poder Judicial respeta plenamente la potestad legislativa del Congreso para crear, reformar y derogar leyes; sin embargo, afirmó que dicha función tiene límites constitucionales cuando una reforma impacta directamente la autonomía de otro poder del Estado.
En ese sentido, recordó que el artículo cuatro de la Constitución establece que los poderes públicos son independientes y complementarios, sin relaciones de subordinación.
“La independencia judicial es un principio esencial del Estado de derecho. Por ello, esta institución considera su deber advertir que el texto actualmente en discusión representa riesgos jurídicos, operativos e institucionales que afectarían gravemente la independencia del Poder Judicial y su funcionamiento efectivo”, expresó.
La titular del máximo tribunal también cuestionó que el dictamen hable de “devolver facultades al pleno”, al considerar que esa redacción genera ambigüedad sobre competencias, niveles de decisión y responsabilidades dentro del sistema judicial.
Explicó que una reforma de esta naturaleza impactaría tanto las funciones administrativas como las jurisdiccionales de los magistrados que integran las salas civil, constitucional, penal y laboral contencioso-administrativa.
Asimismo, advirtió que trasladar decisiones de personal y disciplina a un órgano colegiado de quince magistrados, con exigencias de mayoría para su validez, podría provocar retrasos y serios problemas en la gestión administrativa.
Añadió que toda reforma en materia de carrera y disciplina judicial debe respetar estándares constitucionales y convencionales de independencia, imparcialidad y derecho a un recurso efectivo.
“Si el diseño institucional concentra decisión y revisión en el pleno de la Corte Suprema de Justicia, se deteriora la apariencia y la garantía de imparcialidad”, sostuvo, al tiempo que señaló que confiar al pleno funciones disciplinarias relacionadas con despidos, cancelaciones y traslados comprometería las garantías del derecho de impugnación.
En el plano administrativo, Obando indicó que las decisiones adoptadas durante su gestión han buscado asegurar la continuidad del servicio de justicia y atender necesidades urgentes en el territorio nacional.
Afirmó, además, que la dinámica de nombramientos no refleja una expansión descontrolada y responde a requerimientos reales de las dependencias y órganos jurisdiccionales.
Finalmente, instó a los diputados a abrir una mesa técnica interinstitucional antes de aprobar un proyecto que, en su redacción actual, podría debilitar al Poder Judicial.
La propuesta, dijo, debe incluir discusión, socialización y aprobación de una nueva normativa que fortalezca la independencia judicial y garantice la continuidad del servicio de justicia sin afectar su operatividad.
“El Poder Judicial reitera con claridad y firmeza que no puede acompañar una aprobación acelerada de una reforma con riesgos estructurales no resueltos, porque hacerlo comprometería la seguridad jurídica y la estabilidad democrática que Honduras necesita”, puntualizó.
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