El extitular del Servicio Civil, Rusell Garay, calificó que el circular emitido por el nuevo Gobierno, es una arbitrariedad contra una disposición que no solo amenaza con dejar sin efecto contratos emitidos por Xiomara Castro, sino que contradice la garantía de estabilidad laboral de personal técnico que fortaleció institucionalidad y podría acarrear miles de demandas contra el Estado.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. El extitular de la Administración de Servicio Civil (Ansec), Rusell Garay, se pronunció sobre la circular emitida por la nueva representante de la institución, María Jimena Casasola, en la que se establece que los contratos de trabajo provenientes del gobierno de la presidenta Xiomara Castro (2022-2026) podrían quedar cancelados.
Garay calificó la medida como arbitraria, señalando que contraviene principios constitucionales, en especial el artículo 129, que reconoce el derecho y la garantía de estabilidad laboral para todos los trabajadores.
Además, indicó que la circular se basa en una interpretación del artículo 205 de la Constitución, relativo a la potestad del Congreso Nacional de aprobar contratos surgidos en otro período presidencial.
“En este caso particular, el artículo 205 menciona explícitamente qué tipo de contratos de carácter administrativo, licitación de obras, temas que tienen que ver con exoneraciones. Sin embargo, los contratos laborales se rigen por normas como el Código de Trabajo y la Ley del Servicio Civil, y no se pueden dejar sin valor y efecto sin que eso genere algún tipo de perjuicio al Estado”, explicó.
El abogado también afirmó que la nota sugiere que ciertos contratos se suscribieron sin respetar el régimen presupuestario, lo cual calificó como falso. Según Garay, la intención detrás de la circular es inducir a los trabajadores a ausentarse, para luego alegar abandono y justificar despidos, lo que no puede hacerse sin seguir los procedimientos legales establecidos en el Código de Trabajo, incluyendo notificaciones y audiencias de descargo.
“No pueden realizar despidos de esa forma. El mecanismo que les quedaría, si quisieran cancelar contratos, tendría que estar amparado en alguna modalidad prevista en el mismo contrato, que por lo general no existe. Entonces realmente no hay una forma legal de cancelar esos contratos de manera masiva”, destacó.
Garay recordó que, según las normas presupuestarias de 2024 establecidas por la presidenta Castro, cualquier trabajador con más de 200 días consecutivos de servicio tiene derecho al reconocimiento de permanencia, lo que benefició a más de 15 mil empleados públicos. Añadió que incluso aquellos cuyo contrato se renovó en 2025 tienen derecho a reclamar un nombramiento permanente o un acuerdo laboral por raíz de servicio.
Asimismo, subrayó que en este tipo de situaciones predomina el principio de supremacía constitucional frente a disposiciones administrativas como la circular, y que se aplica el principio “protrabajador”, reconocido internacionalmente y suscrito por Honduras, el cual establece que, ante normas contradictorias, prevalece la que más favorezca al trabajador.
“Esto abre mucho espacio a demandas y reclamos. No creo que el Estado de Honduras se exponga a demandas tan evidentes porque sería bastante problemático, generando un malestar social que seguramente afectará a miles de personas sin trabajo y sin indemnización”, expresó.
El abogado estimó que los procesos legales podrían prolongarse entre seis meses y un año, especialmente considerando la carga de trabajo de los juzgados laborales y la intervención de la Secretaría de Trabajo en la mediación de este tipo de conflictos.
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