La nueva medida en salud impulsada por el gobierno de Nasry Asfura, que busca reducir la mora quirúrgica mediante el uso de servicios del sector privado, es peligrosa para la sociedad porque “lo privado no vuelve a lo público”, advirtió el exsubsecretario de Salud, Brian Erazo.
“Hace más de 20 años se dijo que la privatización renal sería transitoria. Nunca volvió. Hoy nos quieren vender la misma narrativa, partiendo además de datos erróneos, mezclando mora quirúrgica con listas de espera para inflar cifras”, sostuvo el exfuncionario.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. La propuesta del gobierno que dirige el nacionalista Nasry Asfura para reducir la mora quirúrgica mediante la contratación de clínicas privadas ha encendido las alertas en el sector salud. La medida, presentada como “transitoria”, revive un viejo esquema de tercerización que, según expertos, históricamente terminó debilitando lo público.
Desde el Ejecutivo se habla de más de 14 mil cirugías en mora y de una supuesta incapacidad instalada en los hospitales públicos. Sin embargo, los datos oficiales de la propia Secretaría de Salud (Sesal) durante la gestión de Xiomara Castro (2022-2026) contradicen ese diagnóstico: entre 2022 y 2025, la mora quirúrgica se redujo del 72% al 48%, una disminución del 24%.
Durante ese período, la Sesal incrementó el número de quirófanos de 95 a 111, habilitó jornadas extendidas, abrió fines de semana quirúrgicos y fortaleció al menos 18 hospitales de la red pública. El segundo nivel de atención concentró más de 49,611 millones de lempiras del presupuesto acumulado, el mayor rubro de inversión.
“El discurso es peligroso porque lo venden como una medida de corto plazo, pero en Honduras eso nunca vuelve a lo público”, advirtió el exsubsecretario de Salud, Brian Erazo, en entrevista exclusiva con EL LIBERTADOR, donde recordó que la atención renal y oncológica siguió exactamente ese mismo camino hace más de dos décadas.
“Hace más de 20 años se dijo que la privatización renal sería transitoria. Nunca volvió. Con cáncer pasó lo mismo. Hoy nos quieren vender la misma narrativa, partiendo además de datos erróneos, mezclando mora quirúrgica con listas de espera para inflar cifras”, señaló.
El exfuncionario enfatizó que la mora quirúrgica no es lo mismo que una lista de espera programada, que existe en cualquier sistema sanitario, ejemplificando como “una cesárea programada en tres meses no es mora; preparar exámenes, evaluaciones y condiciones clínicas lleva tiempo y eso no puede usarse para justificar la privatización”.
Desde su experiencia en la gestión pública, Erazo sostiene que el problema no era de capacidad, sino de continuidad política. “Nosotros logramos reducir la mora casi a la mitad abriendo más de 25 quirófanos, ampliando horarios y contratando personal. Si se mantenía ese ritmo, la mora podía cerrarse a cero”, afirmó.
El Informe de Gestión confirma esa tendencia: la inversión en infraestructura hospitalaria, equipamiento biomédico y recurso humano permitió operar quirófanos cerrados, reducir cuellos de botella y sostener una ejecución presupuestaria promedio del 92.6%, una de las más altas del sector público.
Otro punto crítico es la capacidad real del sector privado fuera de Tegucigalpa y San Pedro Sula, los cuales —afirmó— no tienen ni la cantidad ni la calidad para absorber la demanda, y muchos quirófanos subrogados, es decir, red de servicios médicos tercerizados por instituciones de salud (públicas/privadas) para ampliar cobertura, fueron suspendidos porque no cumplían criterios mínimos.
Asimismo, cuestionó el trasfondo administrativo de la iniciativa: “Lo que buscan es inyectar recursos a privados mediante mecanismos poco transparentes. Pasan de licitaciones a cotizaciones, vuelven a fideicomisos y debilitan los controles. Eso ya lo vivimos”, sostiene.
Otro elemento que agrava el escenario es que la Secretaría de Salud opera actualmente sin un titular formal, quedando la conducción política directamente en manos del Ejecutivo encabezado por Asfura. Para Erazo, esta decisión no es menor y tiene implicaciones profundas en la gestión cotidiana de una institución compleja y altamente demandante.
“Es una lástima, porque el nivel presidencial tiene múltiples ocupaciones. Nosotros, que estuvimos haciendo equipo con la secretaria Carla Paredes (2024-2026), sabemos la carga de trabajo que tenía ella, tanto en los procesos de reforma como también en el día a día, que solo el año pasado tocaba a la máxima autoridad revisar y procesar más de 6,000 oficios al año”, afirmó el exfuncionario.
Erazo subrayó que la ausencia de un liderazgo claro debilita la capacidad operativa de la institución, ya que “estamos hablando de una Secretaría con más de 35 mil trabajadores y presencia en todos los municipios. Humanamente es imposible dirigirla sin una autoridad dedicada exclusivamente a esa función”.
Desde su perspectiva, “la falta de un ministro o ministra no es casual, pareciera que la intención es debilitar la Secretaría de Salud”, y cuestionó que “si se sacan medicamentos, cirugías y otros procesos clave, uno se pregunta para qué queda la institución”.
La crítica se agrava al considerar que existen inversiones públicas avanzadas que podrían quedar relegadas. El informe oficial detalla obras con avances superiores al 80%, como el búnker de radioterapia del Hospital San Felipe y la modernización quirúrgica del Hospital Escuela y el Mario Catarino Rivas.
“Esto distrae y enlentece lo público. Los equipos gerenciales son limitados y, si se concentran en lo privado, las inversiones en marcha se estancan. Esa es la factura que se paga cuando se opta por privatizar”, concluye Erazo, alertando sobre un retroceso estructural en el sistema sanitario.
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