El fiscal general, Johel Zelaya, informó que el Ministerio Público presentó un requerimiento fiscal por 67 delitos de fraude contra la diputada Isis Cuéllar, el extitular de Sedesol, José Carlos Cardona, y varios exempleados de esa institución. Y añadió que la Fiscalía mantiene al menos dos líneas adicionales de investigación abiertas relacionadas con este caso.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. Tras la presentación de un requerimiento fiscal por parte del Ministerio Público contra el exsecretario de Desarrollo Social (Sedesol), José Carlos Cardona; la diputada del Partido Libertad y Refundación (Libre), Isis Cuéllar; y al menos diez exfuncionarios, el fiscal general Johel Zelaya explicó los alcances de la investigación.
Zelaya detalló que el caso gira en torno al uso irregular del programa Administrativo Solidario, incluyendo la apertura de cuentas bancarias y la aprobación de reglamentos internos que, en la práctica, fueron utilizados para canalizar fondos públicos sin cumplir los controles exigidos por la ley.
“La investigación revela que funcionarios y exfuncionarios de Sedesol, actuando en contubernio, aprobaron solicitudes que no cumplían con los requisitos. Se omitieron verificaciones y controles y, posteriormente, se presentaron liquidaciones con documentos inconsistentes, facturas repetidas y evidencias que no correspondían a proyectos realmente ejecutados”, detalló.
Según el fiscal, uno de los elementos más graves del caso es que ninguna de las 67 personas identificadas como beneficiarias cumplía con las condiciones de vulnerabilidad requeridas para acceder a este tipo de ayudas sociales. Por el contrario, se determinó que la selección respondía a finalidades políticas y a la cercanía con quienes gestionaban los recursos.
“Muchos de ellos poseen empleos, ingresos propios, negocios, propiedades e incluso aspiraciones políticas, lo que demuestra que los fondos no llegaron a quienes realmente lo necesitaban”, agregó.
Asimismo, el Ministerio Público identificó que asistentes vinculados a la diputada coordinaban el traslado de los beneficiarios a agencias bancarias para el cobro de cheques y, posteriormente, recogían el dinero en efectivo, asegurando que gran parte de los recursos regresara a manos de quienes organizaron la operación.
“Incluso se instruyó a varios beneficiarios a declarar ante órganos de control e investigación que sí habían recibido apoyo, intentando dar apariencia de legalidad a operaciones que no cumplían con el propósito social para el cual fueron creadas”, detalló.
Según la Fiscalía, las inspecciones realizadas en viviendas supuestamente beneficiadas demostraron que muchas no recibieron mejoras reales y que, en numerosos casos, los propios habitantes confirmaron no haber recibido ningún tipo de ayuda. Además, se constató que supuestos emprendimientos financiados nunca operaron y que los beneficiarios ni siquiera estaban registrados como comerciantes.
Finalmente, el fiscal general informó al pueblo hondureño que el Ministerio Público presentó un requerimiento fiscal por 67 delitos de fraude contra la diputada Isis Cuéllar, el extitular de Sedesol José Carlos Cardona y varios exfuncionarios. Añadió que la institución mantiene al menos dos líneas adicionales de investigación abiertas relacionadas con este caso.
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