El Congreso Nacional se encamina a elegir nuevas autoridades en la Procuraduría General de la República (PGR), destacando como principal candidato el abogado Dagoberto Aspra, reconocido por encabezar la defensa de imputados en algunos de los mayores casos de corrupción del país, especialmente vinculados al Partido Nacional.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. El diputado del Partido Libertad y Refundación (Libre), Germán Altamirano, se pronunció en contra del acuerdo alcanzado entre las bancadas de los partidos Nacional y Liberal para la elección de las autoridades de la Procuraduría General de la República (PGR), al considerar que se trata de una reedición de las viejas prácticas del bipartidismo hondureño.
Según los consensos logrados entre ambas fuerzas políticas, los nombres que serían sometidos a votación en el Congreso Nacional son Dagoberto Aspra Iglesias, propuesto como procurador general, y José Francisco Quiroz, como subprocurador.
Altamirano calificó el acuerdo como una alianza histórica sin transformaciones reales, señalando que “aquí no hay nada distinto a lo que históricamente ha hecho el bipartidismo, en un franco matrimonio”, en referencia a los pactos entre nacionalistas y liberales para repartirse instituciones clave del Estado.
El legislador también cuestionó la postulación de Quiroz, al recordar que “el abogado Francisco fue acusado por noventa delitos de corrupción” durante su paso por el Consejo de la Judicatura, y advirtió que el país enfrenta “la misma película de terror histórica que hemos vivido como pueblo hondureño, ahora en una versión 2.0”.
En ese sentido, Altamirano dejó clara su postura personal al anunciar que votará en contra de ambas nominaciones, al considerar que los propuestos no reúnen las condiciones éticas ni morales para defender los intereses del pueblo hondureño.
Para la elección del procurador general se requiere una mayoría calificada de 86 votos, un requisito constitucional que, en teoría, busca dotar de legitimidad a una figura que representa legalmente al Estado hondureño ante instancias nacionales e internacionales.
Un abogado ligado a casos de corrupción
Dagoberto Aspra es abogado y notario, pero su trayectoria profesional está estrechamente vinculada a la defensa de imputados en algunos de los mayores escándalos de corrupción del país.
Entre los casos más emblemáticos figura su rol como defensor en el Caso Pandora, una red mediante la cual, según el Ministerio Público, 282 millones de lempiras fueron desviados desde la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) para financiar campañas políticas del Partido Nacional y del Partido Liberal.
De acuerdo con las investigaciones, la SAG suscribió contratos con las fundaciones Todos Somos Honduras y Dibattista para financiar proyectos destinados a pequeños productores. Sin embargo, los recursos fueron desviados para campañas políticas, entre ellas la tarjeta de descuento “La Cachureca”, promocionada por el entonces mandatario Juan Orlando Hernández en las elecciones de 2013.
Aspra también fue defensor del actual mandatario Nasry Asfura cuando fungía como alcalde del Distrito Central (2014–2022), en un proceso donde se le acusó de abuso de autoridad, fraude, malversación de caudales públicos, falsificación de documentos y lavado de activos, tras la emisión de 23 cheques de caja por más de 17 millones de lempiras entre 2017 y 2018.
A ello se suma su participación como defensor en el caso “Arca Abierta”, un requerimiento fiscal presentado por la extinta MACCIH, que señalaba a diputados por el desvío de más de 21 millones de lempiras a través de la ONG Planeta Verde.
Asimismo, representó al diputado nacionalista Nelson Márquez, acusado por el Ministerio Público de integrar una red que habría saqueado más de 3,000 millones de lempiras mediante contratos amañados y procesos irregulares en la Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (Sedecoas).
De procesado a aspirante a subprocurador
Por su parte, el Partido Liberal impulsa como subprocurador a José Francisco Quiroz, abogado y notario con trayectoria en el sistema judicial, pero cuyo nombre también arrastra serios cuestionamientos.
Quiroz fue procesado por su presunta participación en el saqueo de 13 millones de lempiras del Poder Judicial cuando integraba el Consejo de la Judicatura en 2018. Aunque el caso fue sobreseído, el expediente incluía 93 delitos de malversación de caudales públicos.
Investigaciones de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) señalan que Quiroz y otros exmiembros del Consejo tramitaron viáticos para supuestas giras de trabajo al interior del país. Las pesquisas determinaron que en 576 ocasiones dichos viajes no se realizaron y que los fondos asignados nunca fueron devueltos, configurando un esquema de uso irregular de recursos públicos.
Deja un Comentario