El Procurador General de la República, Manuel Díaz Galeas, concluye su titularidad al frente de la institución que defiende los intereses del Estado, destacando logros históricos frente a 18 demandas internacionales que, de perderlas, se habría perjudicado a los hondureños con un monto de más de 472 mil millones de lempiras.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. La Procuraduría General de la República (PGR) presentó este 2 de febrero su informe de gestión al cierre del período del procurador Manuel Díaz Galeas, correspondiente a la administración institucional 2022-2026, destacando los resultados obtenidos en la defensa jurídica internacional del Estado de Honduras.
Según el comunicado oficial, la PGR asumió durante el período una defensa técnica y estratégica frente a 18 demandas arbitrales internacionales, cuyo monto total reclamado ascendía a 17,841 millones de dólares (alrededor de 472 mil millones de lempiras).
El informe detalla que, como resultado de esta estrategia, tres procedimientos arbitrales fueron desistidos por los propios inversionistas demandantes, mientras que el pasivo contingente del Estado, es decir, dinero que el Estado podría verse obligado a pagar si pierde juicios, se redujo en un 54 %, pasando de los montos inicialmente reclamados a 8,361 millones de dólares (221 mil millones de lempiras).
Entre los casos señalados figura el arbitraje iniciado por Palmerola International Airport S.A. de C.V., identificado como ARB/23/42, del cual la empresa demandante se desistió tras los argumentos presentados por la defensa estatal, según indica el documento oficial.
En ese procedimiento, el tribunal arbitral condenó a la demandante a restituir al Estado hondureño unos 11.7 millones de lempiras en concepto de costas procesales, monto que actualmente se encuentra en fase de ejecución, conforme a la información proporcionada por la PGR.
Otro proceso destacado corresponde al arbitraje ARB/23/2, iniciado por Honduras Próspera Inc. y empresas relacionadas, en el que el Estado enfrentó una reclamación superior a 10,700 millones de dólares (aproximadamente 283,159 millones de lempiras), una de las más altas registradas en el ámbito del arbitraje internacional.
Aunque dicho procedimiento continúa en trámite, el informe señala que la defensa del Estado logró que las demandantes redujeran su reclamo en un 85% (alrededor de unos 43,000 millones de lempiras), manteniéndose la expectativa institucional de obtener un rechazo total de la demanda en etapas posteriores del proceso.
La PGR también reportó desistimientos obtenidos mediante acercamientos estratégicos en el sector energético, particularmente en los arbitrajes ARB/23/12 y ARB/23/13, promovidos por Scatec ASA, Norfund y KLP Norfund Investments AS.
De acuerdo con el comunicado, estas acciones evitaron contingencias superiores a 400 millones de dólares (es decir, unos 10,585 millones de lempiras), lo que, según la institución, contribuyó a la protección de los recursos públicos y a la reducción de riesgos financieros para el Estado hondureño.
El informe rechaza afirmaciones que vinculan la defensa estatal ante foros arbitrales con un incremento de la deuda pública, señalando que los resultados obtenidos reflejan avances concretos en la protección de las finanzas nacionales.
Asimismo, la PGR aclara que la revisión de tratados y mecanismos de arbitraje internacional, incluida la salida del CIADI, no representa un rechazo a la inversión extranjera, sino la búsqueda de reglas más equilibradas entre el Estado y los inversionistas.
Finalmente, el documento señala que la administración entrante recibirá una cartera de casos ordenada, con estrategias de defensa definidas y equipos de asesoría externa en funcionamiento, con la expectativa de eliminar de forma definitiva los pasivos contingentes una vez concluyan los procesos en curso.
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