Organizaciones sindicales y de derechos humanos denunciaron en Tegucigalpa que la declaratoria del CNE a favor de Nasry Asfura configura un “golpe electoral” con injerencia estadounidense. Advirtieron graves irregularidades, riesgos a la soberanía y llamaron a la resistencia popular.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. Dirigentes de organizaciones sindicales y defensores de derechos humanos se reunieron hoy, 26 de diciembre, en las instalaciones del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Bebida y Similares (STIBYS) en la capital del país para abordar su postura frente a la declaración del Consejo Nacional Electoral (CNE) de proclamar ganador de las elecciones presidenciales al nacionalista, Nasry Asfura.
A través de un comunicado leído públicamente, las organizaciones denunciaron lo que calificaron como una injerencia directa de la política estadounidense en el proceso electoral hondureño, señalando que esta se inscribe en el relanzamiento de una nueva doctrina de seguridad impulsada por Donald Trump en el continente, orientada —según expresaron— a la apropiación de los recursos naturales y, en el caso de Honduras, de su territorio estratégico.
El pronunciamiento advirtió además que se busca convertir al país en un centro de operaciones militares al servicio de los intereses estadounidenses contra otros Estados de la región.
A criterio de los dirigentes, esta injerencia no se limita a suplantar la voluntad popular expresada en las urnas, sino que incluye un plan de reestructuración del crimen organizado mediante el fortalecimiento del Partido Nacional, la instrumentalización de maras y pandillas y un eventual indulto al exmandatario Juan Orlando Hernández, quien fue condenado por conspirar para traficar 400 toneladas de cocaína.
En contraste, el comunicado resaltó y felicitó el desempeño del gobierno de la presidenta Xiomara Castro, destacando los avances en inversión pública, desarrollo social y productivo. Asimismo, reconocieron la labor del consejero Marlon Ochoa, a quien atribuyeron un papel clave en la denuncia de la imposición y el fraude electoral dentro del Consejo Nacional Electoral.
Los dirigentes convocaron a trabajadoras y trabajadores, gremios, sindicatos, movimientos campesinos, pueblos indígenas y afro-hondureños, defensores de derechos humanos, organizaciones barriales y territoriales, así como a la diáspora, a conformar una plataforma unitaria de lucha en defensa de la dignidad nacional.
Sobre los hechos, el presidente del STIBYS, Fernando Espinales, sostuvo que la actual crisis electoral es consecuencia directa de la impunidad tras el golpe de Estado de 2009.
“El hecho de no haber ido a una constituyente y de no haber sancionado a los responsables nos tiene en las consecuencias que estamos viviendo”, afirmó, al recordar que el movimiento obrero se ha mantenido en resistencia desde entonces.
Y reiteró que los trabajadores rechazan lo que calificó como un fraude electoral y llamó a “no reconocer ese golpe electoral impulsado por una minoría de ricos que quiere seguir jorobando al pueblo hondureño”.
Por su parte, el abogado y dirigente social, Mario Urquía, advirtió que la declaratoria se realizó sin haber concluido el escrutinio especial ni resuelto las impugnaciones, lo que, a su juicio, invalida el proceso.
“No se ha terminado de contabilizar la totalidad de los niveles electivos de diputados y alcaldes, por lo tanto no existe una declaratoria total como lo manda la ley”, señaló, al tiempo que denunció una “injerencia directa de los Estados Unidos de Norteamérica” en asuntos que competen exclusivamente al pueblo hondureño.
Urquía agregó que, conforme avanzaba la revisión de actas, se evidenciaron inconsistencias graves en el sistema de transmisión y en la elaboración de documentos electorales, incluso en mesas donde se utilizó el sistema biométrico.
“Estamos ante una situación sumamente grave, incluso más delicada que en 2017, que se enmarca en una ruptura constitucional y en la cooptación de la institucionalidad del Estado por el crimen”, alertó, subrayando las amenazas a la soberanía, la autodeterminación y los derechos laborales.
En la misma línea, el delegado del Poder Popular, Sergio Rivera, calificó la coyuntura como “un golpe electoral diseñado en Estados Unidos” y llamó a la población a resistir. “El mensaje al pueblo es rechazar la mediática corporativa y defender la soberanía nacional y la dignidad patria”, expresó, advirtiendo que lo que está en juego es el retorno de las élites de poder y la pérdida de conquistas sociales, gremiales y sindicales logradas en los últimos años.
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