Desde ayer, la protesta social con toma de calles, parques o edificios públicos, será tipificada por el régimen como delito de usurpación, luego que la bancada del Partido Nacional en el Congreso Nacional, en otra “sesión Zoom” aprobara reformas al Código Penal.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. Desde ayer han entrado en vigencia las nuevas reformas al Código Penal, donde destaca el castigo de la protesta social hasta con seis años de prisión, así como la impunidad que se ha levantado para políticos y empresarios que sean señalados por lavado de activos, malversación de fondos, narcotráfico y otros delitos de corrupción.
Mediante publicación en La Gaceta, se han hecho oficiales las enmiendas al cuestionado instrumento judicial, en el artículo 378 amenaza con tipificar bajo “usurpación” a quien se apodere “de todo o parte de un inmueble, interrumpa la posesión, derecho de propiedad u otro derecho real sobre todo o parte de un inmueble, o destruya o altere linderos del mismo”.
Lo anterior, señalando que quienes se levanten en protesta o hagan valer su derecho constitucional a la insurrección popular, recibirán una pena de entre cuatro y seis años de prisión.
Según el numeral 4 del artículo en mención, la medida se extiende para cualquier espacio, ya sea carretera, calle, jardín, parque, área verde y cualquier otro lugar de uso o dominio público. La pena podría agravarse de seis a diez años de cárcel según expone artículo 378-A.
Al respecto, el jefe de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco), Luís Javier Santos, expresó su rechazo por los decretos, los cuales cercenan la capacidad de dicho órgano fiscal y constituyen un verdadero blindaje.
“Se consolida el ‘Pacto de Impunidad’ y se debilita la Lucha Contra la Corrupción. Con la publicación en la Gaceta el día hoy, entran en vigencia reformas aprobadas el 7/10/2021. Veremos las consecuencias en pocos días, es grave”, expresó el fiscal.
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