La Organización de la Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), publicó un informe anual sobre la crisis de alimentos, donde destacan que en Honduras habitan 2.9millones de personas que sufren por hambre.
El analista Josué Murillo resaltó que la escasez alimentaria es un problema que todavía no se ha superado porque no hay interés en apoyar al sector campesino o cuidado del medio ambiente, además, no existe programas o planificación para ser resilientes a factores climáticos o a la pandemia, lo cual agudiza la hambruna en los sectores más vulnerables.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. Está semana, en colaboración con agencias de la Organización de la Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), se publicó el informe anual de la Red Global Contra la Crisis Alimentaria (GNAFC), donde revelan que 2.9 millones de hondureños sufren por hambruna.
Tan sólo en Centroamérica y El caribe, mencionan que Honduras, El Salvador, Haití, Guatemala y Nicaragua suman un total de 11.8 millones de personas vulnerables ante la crisis alimentaria.
Destacan que los factores climáticos extremos han ocasionado por años la pérdida de cultivos que genera escasez de alimentos, también, recalcan que la pandemia llegó para agravar aún más la crisis, sin embargo, para Honduras el hambre ha sido una condición generada por más factores que los mencionados.
Sobre el informe, el abogado y analista político, Josué Murillo, ha dado un análisis a EL LIBERTADOR, dando un valor agregado a la información generada por estos estudios desde el punto de vista social.
Murillo explica que Honduras siempre ha tenido grandes retos en el tema de desarrollo humano, para fomentar la agricultura y ganadería, y en general para mantener la seguridad alimentaria. Afirma que existe poco interés en realizar programas o hacer una planificación para hacer frente a la escasez de alimentos, incluso se propuso hacer una reforma agraria pero el proceso quedó inconcluso.
Las consecuencias de la falta de “diligencia, de pericia de las autoridades estatales los últimos 30 a 40 años de nuestra historia se reflejan en una realidad muy cruda que, sobre todo, impacta en la población que forma parte del Corredor Seco de Honduras”, apunta el togado.
A la población más pobre o en miseria le ha tocado sufrir el lado más oscuro, producto de las endebles democracias que no garantizan el derecho a la alimentación. Asimismo, quedan excluidos de los derechos conexos a garantías humanas, como ser acceso a la vivienda o gozar del servicio de salud y educación de calidad.
“Existen aldeas completas declaradas en hambruna, lo cual es inaceptable a éstas alturas de nuestra historia con el acceso a fondos que tenemos como país, pero sobre todo, se debe a la corrupción que merma, degrada y lesiona cualquier esfuerzo que los actores de la comunidad nacional e internacional puedan promover”, destaca Murillo en su análisis social.
También ha observado que si bien es cierto que como país no podemos controlar el factor de los fenómenos climáticos o la pandemia Covid-19 y sus efectos, no deben existir excusas en asumir las responsabilidades en el manejo de sus consecuencias y también prever y tomar las medidas necesarias para tener las condiciones de resiliencia.
Sin embargo, el mayor problema no es eso, sino “estar bajo la dirección de políticos y gobernantes con visión a corto plazo”, a quienes no les interesa llevar proyectos que no les generen ingresos o propaganda electoral. Es así como la hambruna y la vida de las personas más vulnerables deja de ser un tema por superar.
Murillo agrega que la seguridad alimentaria y nutricional depende en gran medida del sector campesino y del cuidado correcto del medio ambiente, al contrario “lo que vemos es la total desatención del agro y de la población más vulnerable del interior del país”.
Cabe recordar que en noviembre de 2019, el Gobierno de Juan Hernández, bajo Decreto Ejecutivo PCM-052-2019, que contempla el “Programa de Desarrollo Agrícola de Honduras” (PDAH), aprobó que el Ejército se hiciera cargo de administrar cerca de 4,000 millones de lempiras supuestamente para fortalecer el sector campesino; sin embargo, a la fecha los militares no han dado cuenta de los proyectos desarrollados.
De hecho, en febrero de 2020 se informó que habría un recorte para el PDAH y que los castrenses sólo contarían con unos 1,000 millones de lempiras; no obstante, los proyectos desarrollados han pasado desapercibidos para los hondureños.
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