Diez personas han muerto desde que se instaló el peaje de Santa Cruz de Yojoa, carretera central de Honduras, sin embargo, las instituciones del gobierno, Invest-H y la Dirección de Tránsito, culpan la imprudencia de conductores de carga pesada.
La instalación de peajes en las carreteras hondureñas se aprobó en el Congreso Nacional en 2012, cuando era presidido por el actual gobernante Juan Hernández; mientras que en 2014 el Poder Legislativo dio el visto bueno a una tarifa inicial de 16 lempiras y que actualmente es de 22 lempiras para vehículos livianos.
En promedio anual, la compañía Covi de capital ecuatoriano y peruano, gana 600 millones de lempiras por cobro de peajes, de esa cifra apenas invierte unos tres millones de lempiras en mantenimiento, según reportes de la extinta Coalianza.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. El Gobierno, a través de Inversiones Estratégicas Honduras (Invest-H), y la empresa privada ecuatoriana Concesionaria Vial (Covi), ya han dejado claro que el “peaje de la muerte” ubicado en Santa Cruz de Yojoa, a unos 190 kilómetros al norte de la capital, no será desinstalado. A pesar de las diez muertes que se han registrado en accidentes de tránsito y de los cuestionamientos de profesionales en gestión vial e infraestructura.
Los entes públicos, Invest-H y la Dirección de Vialidad y Transporte de la Policía Nacional, afirman que los responsables de las muertes son los conductores que sobrecargan sus camiones y llevan al máximo el sistema de frenado provocando fallas que concluyen en eventos trágicos, según lo han dicho no tienen “informes técnicos” que señale la pésima ubicación de la caseta.
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El dirigente de transporte, Edgardo Menéndez, dijo a EL LIBERTADOR que la empresa Covi les ha comunicado que para mover el peaje de ese sector, el Gobierno debe pagar por todo el proceso de desinstalación, reubicación y armado de la caseta.
“Cuando iban a poner ese peaje, mandamos una carta que ese peaje no debía ser puesto ahí”, amplía Menéndez. El régimen y la concesionaria no tomaron en cuenta la opinión profesional que alertó sobre los 14 kilómetros de la pendiente y el alto riesgo de parar “en seco” para cobrar tributo.
A lo anterior, debe agregarse que nunca hubo interés de parte del régimen hondureño para habilitar rutas alternas, de acuerdo a los convenios internacionales establecidos para que no sea obligatorio pagar a Covi, empresa que tiene asegurada la ganancia para 20 años.
Cabe destacar que Covi incluso ha llegado a amenazar y destruir la propiedad privada de los hondureños, luego de que se comenzara un movimiento “antipeaje” basados en la libre circulación que garantiza la Constitución de la República, la compañía ecuatoriana comenzó a poner “púas” y a reforzarse con personal de seguridad pública y privada para obligar a tributar a los hondureños que utilizan la principal vía del territorio central de Honduras.
La presión popular llevó a que en el Congreso Nacional presentara mociones para “liberar” las carreteras, ya que Covi exige el pago por tránsito de vehículos pero no reinvierte en mantenimiento de las vías, prueba de ello es que con el paso de los huracanes Eta e Iota que han destruido al menos 300 vías de tránsito y la industrial no ha emitido informe sobre su plan de reconstrucción.
Por otro lado, el diputado de Libertad y Refundación (Libre), Ronal Pineda, ha mencionado a este periódico que se presentó una moción que exigía al ente regulador de la Superintendencias de Alianzas Público Privadas (SAPP) que se apegara a los estudios geográficos para reubicar el peaje “y nunca pasó de la comisión para dictamen”.
Con relación a las declaraciones del miembro interventor de Invest-H, Gustavo Boquín, quien ratificó en entrevista con EL LIBERTADOR que el peaje no se moverá, Pineda confiesa que “estamos decepcionados completamente. Lo primero es que ellos dejaron que se instalaran en esa zona peligrosa y segundo, ellos mismos de Invest han tenido engavetada la solución de moverlo”.
Cuenta que incluso él presentó un proyecto de ley luego de una reunión con varios especialistas y miembros de Invest-H, que respondieron de igual forma aunque le hayan confesado que ahora instalarían una rampa de frenado y basculas, información que esta semana en exclusiva publicó este periódico.
A pesar de que Invest-H y Covi han presentado “soluciones” en el peaje de Santa Cruz de Yojoa, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) aún no resuelve los recursos de inconstitucionalidad presentado ante la instalación de peajes en carreteras que han sido construidas con fondos de la Cuenta de Milenio, dinero al que Honduras no accede desde hace 12 años por altos índices de corrupción en el Gobierno.
Cabe destacar que la instalación de peajes en las carreteras hondureñas se aprobó en el Congreso Nacional en 2012, cuando este poder del Estado era presidido por el actual gobernante Juan Hernández; mientras que en 2014 el Poder Legislativo dio el visto bueno a una tarifa inicial de 16 lempiras y que actualmente es de 22 lempiras en vehículos livianos.
En su momento se dijo a través de la extinta Comisión de Alianzas Público Privadas (Coalianza), que esto dejaría al Estado unos 50 millones de dólares (unos 1,200 millones de lempiras al tipo de cambio actual); sin embargo, en 2015 se entregó la concesión a Covi por 22 años “prorrogables”.
En promedio anual, Covi cierra con una ganancia de hasta 600 millones de lempiras, de los cuales se invierte tres millones en mantenimiento de carreteras.
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