En este artículo, titulado originalmente: “Terrible la manía de reducir los desafíos institucionales a una cacería de un único responsable, un ‘perro flaco’ donde mandar todas las pulgas”, el abogado Narciso Obando hace un análisis del escándalo que generó este domingo el Consejo Nacional Electoral (CNE), visto desde una perspectiva de retos del Estado

Narciso Obando*
Columnista
EL LIBERTADOR

Los recientes contratiempos en el proceso electoral primario demanda un análisis que supere el simplismo de asignar culpas individuales, reconociendo en cambio las complejidades de un sistema logístico donde concluyen tensiones técnicas y humanas.

Según los argumentos vertidos por el consejero electoral, Marlon Ochoa, tres factores concatenados explican la crisis: Retrasos en la impresión de papeletas, incumplimiento de la empresa de transporte y fallas en la coordinación logística del CNE. La resolución de estos inconvenientes requirió decisiones que fueron tomadas a partir de un contexto particular, la información disponible y los recursos financieros y operativos con los que se contaban.

Particularmente los retrasos de entrega de papeletas –presuntamente recibidas el 7 de marzo por la tarde– provocó un efecto dominó que implicó serios retrasos en la cadena de verificación de las mismas, el embalaje seguro de las maletas y la organización y distribución de estas a los centros electorales. El desfase chocó con la rigidez de los protocolos operativos y legales del CNE lo que seguramente impidió atender la situación de forma adecuada.

Por otra parte, la decisión unilateral y no autorizada de sustituir camiones por buses, altero variables críticas del plan original. Este cambio afecto las rutas programadas, trastocó la cantidad de maletas que se pretendían despachar por ruta y sobre todo, fracturo la cadena de custodia al superar la capacidad humana de los custodio de transporte electoral ya acreditados.

Estos eventos, exponen una falla en la gestión del riesgo. Pudieron ser controlados sí; pero no evitados. Porque justamente en estas gigantescas tareas logísticas los riesgos siempre existen y la tarea esencial es minimizarlos.

Frente a este escenario el Ministerio Publico tiene una ardua tarea para discernir entre negligencia, intencionalidad o factores circunstanciales. Su tarea de investigar deberá ser de alto nivel y superar cualquier presión política para deducir responsabilidades civiles o penales a quien corresponda, sean éstos funcionarios públicos o los gerentes de las empresas con incumplimientos.

Resulta paradójico que ciertos sectores, aprovechando la crisis, ignoren dos realidades institucionales clave en sus críticas: el CNE opera bajo un modelo colegiado con participación multipartidaria, y las Fuerzas Armadas asumen su rol constitucional en la logística electoral desde el 8 de febrero bajo supervisión del propio Consejo.

Aún más contradictorio es que esos mismos actores políticos intenten endosar responsabilidad exclusiva al partido en el Gobierno. La legitimación de este proceso –el primero bajo administración gubernamental– representa un desafío estratégico para el partido en el poder, dado el proyectado crecimiento popular y el índice creciente de aceptación de la gestión de la Presidenta. Quienes podrían capitalizar estos fallos son actores que necesitan: primero, enmarcar el caos como justificación anticipada de derrotas electorales; segundo, convertir la crisis logística en narrativa para ocultar una preocupante reducción de sus militantes.

Las fallas, aunque graves, no invalidan el proceso en su conjunto. La solución radica en fortalecer -no en deslegitimar- las instituciones. Honduras tiene hoy una cita ineludible con las urnas, permitir que incidentes logísticos erosionen la participación ciudadana equivaldría a otorgar victoria a la desconfianza. La verdadera defensa democrática se ejerce votando, exigiendo después auditorías técnicas e investigaciones profundas que blinden futuros comicios.

En un país fracturado por la polarización, transformar esta crisis en oportunidad de mejora institucional podría ser el triunfo no declarado de estas elecciones.

*Licenciado en Contaduría Pública y Finanzas, Abogado. Diplomado en Derecho Constitucional y Desarrollo Humano Integral. Presidente de la Asociación Educativa Popular Clementina Suarez.

NOTA: Las declaraciones expresadas en este artículo son de exclusiva responsabilidad de su autor y no representan necesariamente el punto de vista de EL LIBERTADOR.