El ingeniero y dirigente del Partido Liberal, José Simón Azcona, planteó que la propuesta de reforma energética del Poder Ejecutivo, replica un modelo que ya es historial de fracaso en el país, porque si bien no aborda una privatización directa, sí tendrá efectos en el mercado y esto, se traduce a en energía carísima o un servicio deficiente para la mayoría de usuarios.
El ingeniero afirmó que el Gobierno debe enfocarse en dar respuesta a las pérdidas financieras y técnicas, y que perfectamente puede aplicar una estrategia donde el sector privado acompañe el rescate de la estatal, “sin necesidad de entregar la totalidad del sistema”.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. Aunque el proyecto de reforma energética no privatiza los activos de forma directa sí tiene un efecto sobre el mercado, así lo ha observado el ingeniero y exdiputado del Partido Liberal, José Azcona, respecto al controversial proyecto que emprende el Poder Ejecutivo entorno a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) y su división en tres sociedades mercantiles diferentes.
La reforma busca entre varios puntos trasladar la ENEE de los bienes nacionales al Código de Comercio, además que todo su patrimonio podría ser transferible y permite una división para crear tres empresas nuevas de transmisión, generación y distribución, supuestamente bajo control del Estado.
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Sin embargo, varios analistas han advertido que esta reforma termina por ahogar a la ENEE, al impedirle competir en igualdad de circunstancias y condenarla a un papel secundario sin un mercado real al cual acceder, además que expone a la estatal que aplique aumentos considerables a las tarifas.
En ese sentido, Azcona compartió un artículo en su cuenta oficial de Facebook, el cual tituló “La Reforma Energética y el Riesgo de una Privatización Indirecta en Perjuicio de los Consumidores”, donde plantea inicialmente que ya la historia ha demostrado en repetidas veces que cuando se busca una solución fuera de la esfera pública “no produce los resultados esperados”.
Azcona agregó que ya la experiencia de Honduras con procesos de privatización ha sido poco exitosa, porque se ha privilegiado la facilidad de ejecución sobre el beneficio a largo plazo para la población.
“Inclusive dentro del mismo sector energético se han utilizado contratos de compra de energía en lugar de esquemas como BOT (Build, Operate and Transfer), que permitirían que los incrementos en capacidad instalada que se desarrollan con el tiempo pasen eventualmente al control del Estado. Esto ha limitado el desarrollo de capacidades propias, al no permitir que el Estado vaya acumulando nuevos activos de generación”, amplió.
El dirigente liberal analizó que el proceso se pretende actualmente consiste principalmente en avanzar hacia un sistema de libre mercado, donde los consumidores seleccionarían sus compras directamente a los proveedores, y que esto no implica una privatización directa de los activos, “pero sí podría generar una privatización efectiva del mercado energético, al trasladar la mayor parte del volumen comercial fuera del sector público, en una situación análoga a la que ocurrió en el sector de telecomunicaciones”.
Azcona agregó que, “al sacar del ámbito estatal la mayoría del mercado, especialmente los consumidores de mayor volumen y más fácil capacidad de cobro, se dejaría al sistema público con un mercado más pequeño, con una mayor proporción de abonados residenciales y con mayores dificultades para controlar las pérdidas”.
Según Azcona, en consecuencia, eso provocará que las ineficiencias inaceptables que existen actualmente y que son socializadas en proporción al consumo, pasarían a ser absorbidas principalmente por los consumidores con menor capacidad económica, que representan la inmensa mayoría de los abonados residenciales.
“Esto generaría el riesgo de que el costo de la energía para estos consumidores aumente sustancialmente o que se requiera una mayor cantidad de subsidios, ya sean directos o indirectos”, advirtió.
Para el exdiputado, la reforma propuesta no da una solución real a los problemas de la ENEE, aunque sí es claro el beneficio a los altos consumidores, para la mayoría de usuarios dentro del sistema, los costos terminarían siendo absorbidos mediante tarifas más altas o mediante una degradación en la calidad del servicio.
“Correspondería, en cambio, crear un sistema de despacho transparente, establecer un mercado abierto de compras de energía por parte del Estado, y permitir compras consolidadas de abonados que puedan asumir el control de partes específicas del sistema”, afirmó.
Azcona concluyó que se debe focalizar el control de reducción de pérdidas, tanto en lo financiero como en lo técnico y que este proceso puede contar con la participación privada bajo un esquema medible apuntando a una recuperación lograda, “sin necesidad de entregar la totalidad del sistema”.
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