El expresidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, responsabilizó al Partido Nacional y al Partido Liberal por el endeudamiento de la ENEE, al asegurar que ambas fuerzas aprobaron los contratos de generación eléctrica que hoy mantienen en crisis financiera a la estatal y afectan las finanzas públicas.
REDACCIÓN CENTRAL / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. El titular del Congreso Nacional, Luis Redondo, afirmó que la crisis financiera que enfrenta la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) tiene su origen en el endeudamiento estructural y en los contratos de generación eléctrica aprobados durante administraciones en las que el Partido Nacional y el Partido Liberal controlaban la mayoría del Poder Legislativo.
Redondo sostuvo que fueron esas mayorías las que aprobaron los decretos que dieron paso a numerosos contratos de generación de energía y recordó que, en su momento, denunció esas actuaciones bajo el nombre de “Robo Parlamentario del Siglo”, al considerar que varios expedientes fueron tramitados mediante dictámenes “llave en mano” y aprobados en condiciones que cuestionó por su legalidad y transparencia.
El exdiputado aseguró que los decretos publicados, las votaciones registradas y los antecedentes documentales evidencian cómo se originaron las obligaciones financieras que, a su juicio, continúan afectando las finanzas públicas y al pueblo hondureño.
Asimismo, afirmó que enfrentó fuertes presiones e incluso conflictos personales por negarse a respaldar iniciativas que consideraba contrarias a la Ley Orgánica del Poder Legislativo y a la Constitución de la República.
En ese sentido, señaló que la actual crisis de la ENEE, el peso de los contratos sobre las finanzas del Estado y las demandas internacionales contra Honduras son consecuencia de decisiones políticas adoptadas durante gobiernos anteriores.
Además, responsabilizó al bipartidismo por la aprobación de esos contratos y sostuvo que quienes guardaron silencio también tienen una responsabilidad indirecta.
Redondo instó al Ministerio Público a realizar una investigación integral para determinar las responsabilidades legales de quienes aprobaron los contratos y esclarecer el origen de las obligaciones que aún afectan al Estado.
Cuestionó que, pese a existir decretos, votaciones y denuncias públicas desde hace varios años, no se haya impulsado una investigación de fondo.
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