Así contesta el abogado y ex titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Manuel Díaz, al recientemente nombrado procurador Dagoberto Aspra, que lo acusa de haber utilizado dinero estatal para defenderse en litigios; Galeas, tras aclarar el porqué está equivocado, increpa: “¿Qué hará Aspra ahora? ¿Defenderá al Estado de Honduras o maniobrará desde la PGR a favor de sus clientes?”.
Según Díaz, la demanda presentada por un ciudadano estadounidense en su contra y otros funcionarios hondureños se dio en el marco de su ejercicio como procurador de república, al impedir que una empresa obtuviera un fallo favorable contra el Estado por alrededor de tres mil millones de dólares.
Por este litigio, el Estado acusó a varios ciudadanos señalados de intentar estafar a la administración pública, entre ellos el nacionalista Nelson Márquez, que fue defendido por el ahora procurador Dagoberto Aspra, lo que Díaz considera un conflicto de intereses en la defensa nacional.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. El exprocurador general de la República, Manuel Antonio Díaz Galeas, ha respondido a las acusaciones del nuevo procurador Dagoberto Aspra, que ha dicho que durante su gestión (2022-2026), habría utilizado 310 mil dólares (8.2 millones de lempiras) de las arcas públicas para financiar su defensa en una demanda civil interpuesta por un ciudadano estadounidense.
Díaz Galeas explica que la querella en su contra y otros funcionarios judiciales hondureños fue presentada por el estadounidense Paul Murray Farmer, quien anteriormente estuvo ligado –con la empresa DRC INC– a un proceso contra el Estado de Honduras por alrededor de tres mil millones de dólares (unos 79 mil millones de lempiras), sin éxito alguno, en un episodio positivo de la defensa estatal bajo su gestión.
Además, recordó que el Estado acusó a diversas personas por este caso al considerar que se trataba de una red de estafa contra Honduras, entre ellas el nacionalista Nelson Márquez, que fue defendido por el actual procurador Aspra, situación que Galeas considera un conflicto de intereses en la defensa del Estado.
“Los funcionarios del Estado de Honduras actuaron en defensa de los intereses de la República en ejercicio de sus cargos, con base en derecho público, derecho internacional y derecho estadounidense”, remarcó. Ante eso, el brillante exprocurador, increpa: “¿Qué hará Aspra ahora? ¿Defenderá al Estado de Honduras o maniobrará desde la PGR a favor de sus clientes?”.
CASO DRC INC.
El caso que cita el también experimentado abogado, Manuel Díaz, se remonta a los incidentes en el contexto del huracán Mitch en Honduras, cuando la empresa estadounidense DRC INC. obtuvo un contrato para realizar reparaciones en el país, para eso subcontrató a la empresa hondureña Nacional de Ingenieros S.A. (NAINSA). Esta acción fue calificada como ilegal por la justicia estadounidense, que ordenó al Estado hondureño cancelar el contrato.
De acuerdo con un documento presentado por la Secretaría de Finanzas (SEFIN), la situación derivó en una demanda contra el Estado entre 2007 y 2009, inicialmente llevada al Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa (CCIT).
Sin embargo, tras el golpe de Estado de 2009, mediante arbitraje presuntamente coludido con el Colegio de Abogados de Honduras (CAH), se dictó resolución a favor de DRC INC. Con ese fallo, la empresa extranjera llevó el caso a un Tribunal del Distrito Federal de Washington, fundamentado en el laudo arbitral emitido por el CAH. No obstante, en 2014 la justicia estadounidense resolvió que Honduras no tenía obligación de pagar la deuda de USAID-FHIS y que el país gozaba de inmunidad soberana.
Aun así, tras diversas acciones calificadas como fraudulentas por distintos sectores —con participación de funcionarios del Poder Ejecutivo post-golpe, el FHIS, Sedecoas, la Procuraduría General de la República (PGR) y expedientes administrativos y judiciales durante más de una década—, finalmente la Corte Suprema de Justicia (CSJ) hondureña condenó al Estado a pagar a NAINSA 351 millones de lempiras, más 42 millones por honorarios profesionales.
La SEFIN también denunció que NAINSA interpuso otra demanda contra el Estado por 1,200 millones de lempiras contra la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), alegando daños y perjuicios en un contrato en el cual el país fue condenado.
El documento fue publicado en un contexto en el que la anterior CSJ, dirigida por Rolando Argueta, cercano al dictador Juan Orlando Hernández, emitió una resolución que obligaba a los hondureños a pagar a DRC INC la suma de 2,600 millones de lempiras adicionales, además de lo ya desembolsado a NAINSA.
Pero, la entonces secretaria de Finanzas, Rixi Moncada, negó el pago y sentenció en 2023: “Asumimos desde la SEFIN nuestro rol patriótico de no entregar ni un tan solo lempira para el pago de las redes de corrupción acostumbradas a asaltar al Estado utilizando al Poder Judicial. Desde el Gobierno de la República vamos a privilegiar el interés social sobre el interés particular”.
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