El consejero Marlon Ochoa denunció que una decisión impulsada por las consejeras Ana Paola Hall y Cossette López podría modificar resultados en municipios y diputaciones sin haber procesado la totalidad de las actas pendientes.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. Las representantes del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall y Cossette López, confirmaron que, en una sesión de pleno realizada vía Zoom, autorizaron —por mayoría de votos— la revisión de errores de transcripción en 7,967 actas del nivel de diputados al Congreso Nacional y 5,581 actas correspondientes a corporaciones municipales.
Durante la sesión, la consejera presidenta Hall subrayó la necesidad de establecer un orden secuencial para la certificación de actas y destacó que la decisión había sido definida la noche anterior, enfocándose exclusivamente en la corrección de errores de transcripción.
“El impacto tan grande que tiene la corrección de errores de transcripción ahora, para el proceso electoral, es poder corregirlos sin mandar todo a escrutinio especial”, expresó.
En contraste, el consejero Marlon Ochoa manifestó que emitió su voto en contra del oficio aprobado por el pleno, al considerar que el procedimiento conlleva riesgos significativos para la transparencia del proceso.
“El procedimiento, tal como está planteado, es altamente sensible. Permite abrir la base de datos a correcciones que no sabemos si se van a aplicar de manera correcta. Esto implica cambiar resultados en el nivel de corporación municipal y de diputados al Congreso Nacional”, advirtió.
Asimismo, señaló que, a 26 días de haberse celebrado las elecciones, el órgano electoral aún no cuenta con una base de datos completa de las transcripciones, lo que —a su criterio— agrava la situación.
“Se están enviando más actas de las que realmente tienen errores, lo que pone en riesgo 3,168 actas correctas. Esto podría afectar resultados en corporaciones municipales y diputaciones, especialmente en casos con diferencias estrechas en Cortés y El Paraíso”, señaló.
Finalmente, Ochoa se refirió al proceso de declaratoria en los niveles municipal y legislativo, advirtiendo que no debe emitirse ninguna resolución sin que se haya procesado la totalidad de las actas pendientes, conforme a la ley.
“Es ilegal realizar la declaratoria sin haber completado el escrutinio general, como lo establece el artículo 283 de la Ley Electoral. Actualmente restan 10,314 actas por procesar y solo quedan tres días para cumplir el plazo legal. Emitir una declaratoria con una cantidad parcial de actas sería una nueva traición al pueblo”, puntualizó.

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