La Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH) denunció un nuevo intento de desalojo contra la comunidad garífuna de Cayos Cochinos y advirtió sobre presuntas acciones institucionales para favorecer intereses económicos en el territorio, pese a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) que reconoce los derechos territoriales y colectivos del pueblo garífuna.
La organización también denunció que, desde que Sociedad de Inversiones Ecológicas S.A. (SIEC) y la Fundación Cayos Cochinos asumieron el control del archipiélago, 13 pescadores de la comunidad habrían desaparecido, mientras otros integrantes habrían sido agredidos, perseguidos y criminalizados por defender su territorio.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. La Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH) denunció un nuevo intento de desalojo de la comunidad garífuna de Cayos Cochinos y exigió al Estado de Honduras garantizar los derechos territoriales, culturales y colectivos de sus habitantes.
A través de un comunicado urgente, la organización señaló que la nueva orden de desalojo estaría coordinada por la fiscal Supaya Rivera y afirmó que existen intereses económicos vinculados a la familia Salinas Pliego, mediante la Sociedad de Inversiones Ecológicas S.A. (SIEC) y la Fundación Cayos Cochinos.
“Primero enfrentamos intereses vinculados a la familia Rosenthal, particularmente a Yani Rosenthal y Jorge Rosenthal, en el contexto del conflicto territorial de la Comunidad Garifuna de San Juan; ahora, esta nueva ofensiva responde, a intereses vinculados a la familia Salinas Pliego, a través de la Sociedad de Inversiones Ecológicas S. A. (SIEC) y de la Fundación Cayos Cochinos, conducidas por Enrique Morales y Vicente Carrión”, detalla la organización.
OFRANEH sostuvo que estas acciones se producen pese a la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en el caso Comunidad Garífuna de Cayos Cochinos y sus miembros vs. Honduras, en la que, según la organización, se reconocieron afectaciones a los derechos territoriales, culturales y a la integridad personal de la comunidad.
“La Corte IDH estableció que las actividades turísticas no reguladas y la autorización de reality shows en zonas de exclusión total del Monumento Natural Marino de Cayos Cochinos incidieron directamente en el uso y goce de nuestro territorio. También determinó que el Estado no garantizó efectivamente nuestro uso y goce del territorio comunal y de su hábitat funcional conforme a nuestros usos y costumbres”, cita el escrito.
OFRANEH además responsabilizó políticamente al actual gobierno, al Poder Judicial (PJ) y a la Policía Nacional (PN) por las consecuencias que pueda generar cualquier intento de desalojo y demandó investigar las desapariciones y agresiones denunciadas.
“Denunciamos que las instituciones del Estado están siendo utilizadas para favorecer intereses de capital transnacional vinculados, según nuestras denuncias, con corrupción y criminalidad organizada”, expresó.
La organización exigió además que cualquier eventual realización de programas televisivos tipo reality show sea precedida por una consulta previa, libre e informada con la comunidad, conforme a lo señalado por la Corte IDH.
“Hacemos un llamado urgente a las comunidades Garífunas, organizaciones sociales y de derechos humanos, pueblos indígenas y afrodescendientes, medios de comunicación y comunidad internacional a mantenerse en alerta y movilizarse en defensa de Cayos Cochinos y de los territorios Garífunas”, expresó.
Comunicado Urgente
No al desalojo del pueblo Garifuna de Cayos Cochinos. pic.twitter.com/XB0Y4ZzPo5
— ofraneh (@ofraneh) September 18, 2026

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