El exmagistrado del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Mario Morazán, presentó ante el Ministerio Público (MP) una ampliación de denuncia contra el secretario del Congreso Nacional, Carlos Ledezma, por presuntos delitos de traición a la patria y falsificación de documentos públicos, al señalar que habría remitido a la Sala de lo Constitucional información presuntamente falsa sobre los diputados que votaron a favor de la destitución de funcionarios mediante juicios políticos.
Según Morazán, los listados presentan inconsistencias, incluidos espacios para firmas en blanco, lo que pone en duda si realmente se alcanzó la mayoría calificada de 86 votos requerida para aprobar las destituciones.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. El exmagistrado del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Mario Morazán, presentó ante el Ministerio Público (MP) una ampliación de denuncia contra el secretario del Congreso Nacional (CN), Carlos Ledezma Casco, y otros posibles implicados, por los presuntos delitos de traición a la patria, falsificación de documentos públicos e impedimento del ejercicio de derechos constitucionales.
Morazán instó a las autoridades a realizar diligencias investigativas para establecer las posibles responsabilidades de varios miembros del Poder Legislativo, asimismo, pidió que las investigaciones se desarrollen desde ahora, al tratarse de presuntos delitos de acción pública, y evitar que las actuaciones deban ser instruidas posteriormente como parte de medidas de reparación ordenadas por un organismo internacional competente.
“Es necesario que la Justicia Penal no opere en forma selectiva, subordinada al poder, como instrumento de persecución de opositores y blindaje de quienes cogobiernen”, destacó el exfuncionario.
En su comunicado, Morazán explicó que la acción legal busca esclarecer las presuntas irregularidades relacionadas con las destituciones de funcionarios electorales aprobadas por el pleno del Congreso Nacional el 16 de abril de 2026, mediante juicios políticos.
El exmagistrado señaló a Ledezma Casco por presuntamente haber comunicado resultados distintos a los realmente obtenidos durante las votaciones para destituir a funcionarios, incumpliendo su deber de realizar el escrutinio de los votos emitidos mediante levantamiento de mano.
Entre los funcionarios destituidos se encuentran el entonces consejero propietario del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon Ochoa; el magistrado propietario y presidente del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Mario Morazán; y los magistrados suplentes Lourdes Mejía y Gabriel Gutiérrez, además del fiscal general del Ministerio Público, Johel Zelaya.
Según Morazán, el secretario del Congreso habría presentado ante la Sala de lo Constitucional información presuntamente falsa sobre los resultados de las votaciones.
“Usurpando a su arbitrio la voluntad de un Poder del Estado, lo cual es tipificado constitucionalmente como Traición a la Patria, enviando luego, a la Sala de lo Constitucional, bajo juramento, información errónea y falsa en sustento de los resultados que adulteró, lo cual constituye conforme a la Ley sobre Justicia Constitucional el delito de Falsificación de Documentos Públicos”, sostuvo.
Morazán también cuestionó la documentación remitida a la Sala de lo Constitucional, al señalar que contiene dos listas de diputados que, en conjunto, suman 88 votos.
Sin embargo, afirmó que existen inconsistencias, entre ellas espacios de firmas en blanco, legisladores que no estuvieron presentes y otros que no respaldaron las destituciones.
El exmagistrado sostuvo que algunos diputados manifestaron su oposición a las destituciones, lo que, a su criterio, pone en duda la validez de los resultados consignados oficialmente.
“Solo con este primer dato del soporte oficial, entre 10 y 8 votos respectivamente, carecen de sustento; en consecuencia, aun dando por válido el resto del listado oficial, sustento de las votaciones, los resultados serían 80 y 78 votos, inferior a la mayoría requerida de 86 votos”, argumentó.
Asimismo, denunció que cuatro curules correspondientes a la bancada del Partido Liberal habrían sido ocupadas irregularmente por diputados suplentes del Partido Nacional, una situación que, según su planteamiento, también afectaría la legalidad de las decisiones adoptadas por el Legislativo.
El exmagistrado reiteró que la ampliación de la denuncia pretende impulsar las investigaciones penales y evitar que la justicia actúe de manera selectiva frente a los señalamientos relacionados con las destituciones de funcionarios electorales.
Además, recordó que dos recursos de amparo presentados previamente ya fueron admitidos, como parte de las acciones legales emprendidas para cuestionar la legalidad de los juicios políticos y sus consecuencias.
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