El Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) y el Bufete Dignidad denunciaron que la empresa Agregados del Caribe S.A. de C.V. (AGRECASA), vinculada al proyecto minero Sapadril, carece de permisos legales vigentes y de una licencia ambiental válida para operar, pese a los severos daños las fuentes hídricas y al ecosistema.
Asimismo, señalaron que los defensores ambientales han sido víctimas de amenazas y acciones sistemáticas de criminalización por denunciar las presuntas irregularidades y afectaciones ambientales atribuidas a la empresa.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. El Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) y el Bufete Dignidad denunciaron presuntos daños ambientales y actos de criminalización contra integrantes del Campamento Digno René Alemán y Pedrina Melgar, quienes se oponen a las operaciones de la empresa Agregados del Caribe S.A. de C.V. (AGRECASA), vinculada al denominado Proyecto Minero “Sapadril”.
Las organizaciones señalaron que el 13 de octubre de 2026, agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) ingresaron a las instalaciones de la empresa para realizar una inspección, luego de que AGRECASA anunciara la presentación de denuncias contra los defensores ambientales.
En ese contexto, el MADJ y el Bufete Dignidad informaron que han presentado denuncias ante el Ministerio Público (MP) y la Procuraduría General de la República (PGR) por los presuntos delitos de explotación ilegal de recursos naturales y contaminación del medio ambiente, debido a los daños hídricos, ambientales y sociales que, según las organizaciones, habría ocasionado el proyecto.
Asimismo, solicitaron el cierre definitivo de las operaciones ante la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA) y el Instituto Hondureño de Geología y Minas (INHGEOMIN), al considerar que las afectaciones documentadas evidencian la inviabilidad de que el proyecto continúe funcionando.
“La empresa carece de permisos legales vigentes y de Licencia Ambiental válida para operar, debido a los reiterados y constatados daños ambientales y sociales provocados al ecosistema. Ninguna persona integrante del Campamento Digno ha participado en agresiones a terceros; por el contrario, su accionar se limita a la legítima protección y defensa de los bienes comunes de la naturaleza”, expresaron.
Además, denunciaron presuntas amenazas y acciones sistemáticas de criminalización por parte de representantes de AGRECASA contra integrantes del Campamento Digno, quienes han señalado supuestas ilegalidades, irregularidades y actos de violencia relacionados con las operaciones de la empresa.
El MADJ y el Bufete Dignidad también cuestionaron la actuación de los operadores de justicia, al considerar que han atendido con rapidez las solicitudes de inspección presentadas por la empresa, mientras las investigaciones relacionadas con las denuncias por contaminación ambiental continúan paralizadas.
“Denunciamos también, que resulta alarmante y condenable la actuación de los operadores de justicia al atender de manera expedita supuestas inspecciones peticionadas por AGRECASA. Mientras tanto, las diligencias de investigación derivadas de las denuncias por contaminación ambiental permanecen paralizadas”, destacaron.
Según las organizaciones, existen informes y dictámenes de la SERNA que señalan la inviabilidad del proyecto minero debido a los daños ambientales ocasionados. Por ello, instaron a las instituciones estatales, particularmente al Ministerio Público y a la Procuraduría General de la República, a actuar con coherencia y responsabilidad institucional.
Además, solicitaron la intervención de la SERNA, el Instituto de Conservación Forestal (ICF), la Comisión Permanente de Contingencias (COPECO), el INHGEOMIN y la Secretaría de Salud (Sesal), con el propósito de que se evalúen las afectaciones denunciadas y se adopten las medidas correspondientes, incluido el cierre definitivo del proyecto.
“Exigimos que se actúe en consonancia con los principios constitucionales de justicia, para que se deduzcan las responsabilidades penales, civiles o administrativas correspondientes a las empresas que destruyen el ecosistema y los bienes comunes y naturales, garantizando que estos actos no queden en la impunidad”, puntualizaron.
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