La comunidad indígena Lenca de Nueva Esperanza solicitó a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) el cierre del proceso por usurpación, al considerar que carece de legitimidad, y exigió además la restitución de las tierras a la comunidad para evitar daños irreparables.
Asimismo, pidieron el reconocimiento estatal de la condición de desplazamiento forzado que enfrentan las familias afectadas por el conflicto territorial y los desalojos en la zona.
Redacción Central/EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. La comunidad indígena Lenca de Nueva Esperanza, en conjunto al Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), presentó un recurso de amparo ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), con el objetivo de denunciar presuntas violaciones al debido proceso y solicitar la protección de los derechos de las familias afectadas por un conflicto de tierras.
La abogada María Zabala explicó que anteriormente los tribunales declararon sin lugar los recursos interpuestos por la defensa, incluyendo un recurso de reposición que, según afirmó, fue rechazado bajo el argumento de que había sido presentado fuera del plazo legal.
«No fue así, porque en ningún momento la Corte de Apelaciones solicitó el traslado del expediente para verificar si la notificación se realizó en tiempo y forma, situación que sí ocurrió», sostuvo la profesional del derecho.
Zabala indicó que el recurso de amparo busca que la Sala de lo Constitucional revise las presuntas vulneraciones al debido proceso, la tutela judicial efectiva y la protección judicial de las familias lencas.
“Los compañeros a este entonces ya llevan casi más de dos años de encontrarse en la carretera, pueden imaginar ustedes niños, adultos, personas de la tercera edad viviendo a la orilla de la carretera, donde los carros pasan, usted pone el pie a la orilla y ya tiene el carro encima”, expresó.
Asimismo, recordó que el proceso judicial inició en 2023 y, tres años después, aún no ha llegado a la etapa de juicio debido, según señaló, a constantes retrasos en las notificaciones por parte del Juzgado y la Corte de Apelaciones de Comayagua.
La representante legal denunció que más de 22 familias permanecen desde hace más de dos años viviendo a la orilla de una carretera tras los desalojos ejecutados en la zona.
La abogada también cuestionó la actuación del Ministerio Público durante el desalojo, al asegurar que se ejecutó sin contar con la documentación que acreditara la propiedad del terreno.
«Se realizaron desalojos utilizando dos escrituras públicas que no corresponden al lugar. El Instituto Nacional Agrario ya emitió un informe donde establece que esas tierras no pertenecen a la Universidad Nacional de Agricultura», afirmó.
Además, señaló que la denuncia que dio origen al proceso penal por usurpación agravada carece de legitimidad, por lo que esperan que el caso sea cerrado de forma definitiva.
Entre las peticiones planteadas mediante el amparo figura el restablecimiento del control de las tierras a la comunidad para evitar daños irreparables, así como el reconocimiento estatal de la condición de desplazamiento forzado que enfrentan las familias.
Por su parte, Junior, uno de los integrantes de la comunidad afectada, relató que han sufrido dos desalojos que calificó como «brutales», lo que ha representado uno de los mayores impactos para Nueva Esperanza.
«Somos una comunidad que necesita la tierra para trabajar y producir alimentos. Vamos a continuar luchando hasta obtener una respuesta favorable», expresó.
El dirigente agregó que ocho integrantes del pueblo Lenca han sido judicializados y criminalizados a raíz del conflicto territorial.
«Hemos sido reprimidos no solo de manera legal, sino también verbal. Nuestros predios fueron militarizados y hasta hoy no tenemos una respuesta contundente. Lo que exigimos es el acceso a la tierra y que con este amparo se cierre definitivamente el proceso penal contra los compañeros de Nueva Esperanza», concluyó.
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