“Con cinismo, Tito Asfura y voceros del gobierno, dicen que la ENEE no será privatizada y hasta lo juran; dicen que la ENEE se queda con el Estado. Y quizá asi vaya a ser, pero el problema es que nos dejarán solo el «cacaste», porque es el servicio lo que están privatizado”, denunció el abogado Omar Menjívar, tras reforma que impulsa el bipartidismo en el sector energético.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. El abogado Omar Menjívar Rosales, cuestionó la reforma al sector eléctrico que intenta aprobar el bipartidismo, en el Congreso Nacional, al considerar que, aunque las autoridades aseguren que la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) continuará siendo estatal, el verdadero propósito sería trasladar progresivamente la prestación del servicio a manos privadas.
A través de un pronunciamiento publicado en la red social X, Menjívar sostuvo que el debate público se está enfocando en la permanencia de la ENEE como institución estatal, cuando el punto de fondo es quién ejercerá el control de un servicio que considera estratégico para el país.
“Con cinismo, Tito Asfura y voceros del gobierno, dicen que la ENEE no será privatizada y hasta lo juran; dicen que la ENEE se queda con el Estado. Y quizá asi vaya a ser, pero el problema es que nos dejarán solo el «cacaste», porque es el servicio lo que están privatizado”, expresó.
Para sustentar su advertencia, Menjívar estableció un paralelismo con la situación que atravesó la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel), la cual continuó siendo propiedad del Estado, pero perdió paulatinamente las áreas más rentables del sector de telecomunicaciones.
Según el abogado, mediante decretos y políticas públicas impulsadas durante los gobiernos de Rafael Callejas, Carlos Roberto Reina, Carlos Flores Facussé y Ricardo Maduro, a Hondutel se le impidió participar en actividades que posteriormente se convirtieron en el núcleo del negocio de las telecomunicaciones.
“Gracias a esas políticas, Hondutel ha quedado apenas con el servicio de telefonía fija, que ya casi nadie usa, ni siquiera en empresas y oficinas (salvo las estatales), lo cual la ha llevado a la situación de calamidad en la que está, al punto de que ni siquiera es capaz de pagar su planilla de empleados, si no es endeudándose y sus activos depreciándose cada vez más, señaló.
El abogado también cuestionó el modelo de telecomunicaciones vigente en el país y aseguró que los beneficios económicos que anteriormente obtenía el Estado ahora son aprovechados por empresas privadas.
“Así pasará con la ENEE, tras la aprobación del decreto que está próximo a ser aprobado en el Congreso. Sino, basta con que le echemos un ojo al penúltimo considerando del decreto propuesto, advirtió.
Como respaldo a su planteamiento, citó uno de los considerandos incluidos en el proyecto de decreto, donde se hace referencia al artículo 332 de la Constitución de la República, el cual establece que el ejercicio de las actividades económicas corresponde primordialmente a los particulares.
No obstante, el abogado señaló que la interpretación del texto constitucional es incompleta, ya que el mismo artículo faculta al Estado a reservarse determinadas industrias básicas y servicios de interés público.
“Nos confiesan que la intención es entregar como negocio el servicio eléctrico a la empresa privada, porque dicen que es a esta a quien la Constitución le asigna las actividades económicas, obviando que el mismo artículo establece que el Estado puede reservarse industrias básicas, explotaciones y servicios de interés público”, argumentó.
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