El abogado y analista, Joaquín Mejía, dijo a EL LIBERTADOR, que el Poder Judicial debe cumplirle a la sociedad y actuar contra el exgobernante Juan Hernández (2014-2022) ante pruebas irrefutables de la corrupción bajo su dictadura.
Este lunes, Hernández se ha presentado a su audiencia de imputado por el Caso Pandora II, donde la Fiscalía ha solicitado detención judicial por riesgo de fuga.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. La llegada de Juan Orlando Hernández (JOH), sumió al pueblo hondureño en la incertidumbre, por lo insólito de su regreso aun como un personaje condenado pero ayudado por el presidente de Estados Unidos; para la mayoría de la sociedad, verlo en “libertad” es considerado impunidad ante un sistema de justicia que no genera confianza para castigar sus delitos de corrupción.
Hernández promovió no solo escándalos donde el dinero público fue robado o usado en sus campañas políticas, también pesa sobre casos como la traición patria y violación sistemática a la constitución, por ejemplo, tras su primer mandato 2014-2018, se reeligió –por la vía del fraude electoral– para mantener el poder hasta enero 2022, en total ocho años de mal gobierno, según consta en el registro histórico de EL LIBERTADOR.
Exactamente 19 días después de haber abandonado Casa Presidencial, Estados Unidos solicitó su extradición por delitos de narcotráfico, fue arrestado el 15 de febrero de 2022 y más tarde, el 21 de abril, enviado a enfrentar al juez Kevin Castel que terminó condenándolo a 45 años de prisión, culpable por el tráfico de drogas y delitos relacionados.
Sin embargo, en diciembre de 2025 Donald Trump en el marco de la injerencia electoral que instaló al Gobierno de Nasry Asfura y, de esa forma, poner fecha de regreso a Honduras, esperando el momento justo luego que el Congreso Nacional ejecutara juicios políticos que despedazaron el Ministerio Público (MP) y la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
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Es de recordar que, el separado Fiscal General, Johel Zelaya, era quien mantenía activa la orden de captura por narcotráfico contra Hernández y, al no seguir al frente del MP, el regreso del dictador fue celebrado como una “gesta heroica”.
En su evasión de la justicia hondureña y con el Gobierno de Asfura como “aliado”, Hernández decidió regresar al país, la pregunta inevitable es: ¿los poderes del Estado harán justicia imparcial en pro de los hondureños, considerando que quienes hoy ocupan el poder pertenecen a la misma cúpula del Partido Nacional?
El exgobernante ha sido llamado a la CSJ este lunes, pero no vinculado al caso por tráfico de drogas sino al escándalo de corrupción “Pandora II”, presentado en octubre de 2023 por la Unidad Fiscal Especializada contra Redes de Corrupción (Uferco) que también extendió el requerimiento fiscal contra ocho exfuncionarios y el también exmandatario, Porfirio “Pepe” Lobo, por el desvío de fondos y otros delitos.
Ante este panorama, el abogado Joaquín Mejía declaró a EL LIBERTADOR que el sistema legal del país está a prueba, porque uno de los grandes problemas que tiene el país, es que el Poder Judicial (PJ) nunca ha sido determinante contra “peces gordos” o figuras prominentes de la vida política.
Por ejemplo, Mejía recuerda que contra Hernández, “ya había órdenes de captura y fue un juez natural nombrado por la Corte Suprema de Justicia quien las suspendió”.
“Por ahí tenemos un grave problema con el PJ, nos evidencia que de nada nos ha servido realmente un nuevo proceso de elección de magistrados, porque cuando se trata de poderosos como Juan Hernández, vuelve a pasar exactamente lo mismo, lo que ha venido pasando a lo largo de nuestra historia (dejar en impunidad)”, lamentó.
El togado mencionó que tiene mucho interés en escuchar al MP sobre las acciones que tomará “por el delito de traición a la patria y por la reelección ilegal, por los crímenes documentados por la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacenudh) en el contexto de la crisis electoral (2017), con decenas de asesinatos por parte de las fuerzas policiales y militares, siendo él jefe superior jerárquico.
El jurista instó a que el ente acusador también actúe de oficio en los casos vinculados a Hernández, como la traición a la patria por la venta de territorio mediante las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), siendo el principal promotor desde su mando en el Congreso 2010-2014.
Entre otros casos, la Fiscalía investiga la compra por 300 millones de lempiras del jet presidencial Embraer Legacy que desde 2015 denunció EL LIBERTADOR y que utilizó durante su gobierno para viajar por el mundo a coste del sudor de los hondureños.
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Entre otros casos, se suman líneas de investigación sobre la adquisición de patrimonio multimillonario compuesto por once empresas, 109 bienes inmuebles y unos 267 millones de lempiras en sociedades mercantiles que, según el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), consiguió a partir de 2010, año que coincide con su primera “titularidad” en la función pública, en el Poder Legislativo.
Ante todo este escenario, el abogado Mejía considera que: “En este momento, el caso de Hernández, entre otros, es una prueba de fuego para el nuevo fiscal general, Pablo Emilio Reyes”.
Además, Mejía sentenció que más allá de los casos citados, es de recordar que Hernández “confesó en una en una entrevista a un medio inglés que el Partido Nacional había utilizado dinero del Seguro Social”.
Y la investigación confirmó que de la institución, mientras los pacientes perdían la vida –con un saldo de al menos 3,000 muertes producto de la falta de insumos que no se compraron–, el Partido Nacional presentó al país “La Cachureca”, un bono por votos; la institución política cerró esa denuncia con “regresar” el dinero.
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