Con el 98.32 por ciento de actas escrutadas, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) de Perú, coloca a Keiko Fujimori con 4,310 votos de ventaja frente al izquierdista Roberto Sánchez quien ha impugnado 2,400 mesas donde “gana” la hija del dictador Alberto Fujimori.
Para los seguidores de Sánchez la impugnación representa una oportunidad de revertir el resultado milimétrico; sin embargo, ayer el Jurado Electoral Especial, el órgano encargado de resolver este tipo de controversias, declaró improcedente la anulación, ya que el movimiento de Sánchez no presentó un comprobante de pago de unos 925,000 dólares.
La normativa exige que por cada mesa impugnada se debe pagar una tasa de 393 dólares lo que ha llevado a Sánchez a una “colecta pública”, explica en este artículo con título original: “La batalla por las actas impugnadas aboca a Perú a un escenario de máxima incertidumbre”, de El País.
Agencias / EL LIBERTADOR*
Una semana después de que los peruanos acudieran a las urnas para elegir a su noveno presidente en una década, las calles parecen estar a punto de entrar en un estado de ebullición. Keiko Fujimori, la hija del autócrata que fue condenado a 25 años de cárcel por delitos de lesa humanidad, ha conseguido remontar en la curva final del escrutinio y estira su ventaja voto a voto sobre Roberto Sánchez. Al cierre de este viernes, con el 98,32% de las actas escrutadas por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), la derechista superaba al izquierdista por 4.310 votos. Un margen mínimo, visto desde cualquier parte del mundo, pero no en Perú, donde las dos últimas elecciones se resolvieron por milésimas.
En ese clima de incertidumbre, Juntos por el Perú presentó recursos para anular 2.400 mesas de sufragio en las que Keiko Fujimori obtuvo una mayor votación. De ellas, 1.751 corresponden al territorio nacional y 649 al extranjero, sobre todo a Estados Unidos, el país donde la candidata de Fuerza Popular consiguió el 76,55% de los sufragios. Para sus seguidores, aquellas impugnaciones representaban una posibilidad de revertir el resultado.
Pero este viernes se toparon con un muro. El Jurado Electoral Especial, el órgano encargado de resolver este tipo de controversias, declaró improcedentes ambas solicitudes. El problema no fue el fondo de la denuncia, sino un requisito esencial: los recursos no estaban acompañados del comprobante de pago de la tasa electoral. La normativa exige el desembolso de 1.337 soles —unos 393 dólares— por cada mesa que se pretende anular. Impugnar las 2.400 mesas supone reunir más de tres millones de soles, alrededor de 925.000 dólares.
Desde el local partidario, en el Cercado de Lima, Roberto Sánchez apeló a una colecta pública para reunir los fondos. “Estamos haciendo una actividad solidaria para autofinanciar, con la solidaridad de nuestro pueblo, el pago de las tasas. La improcedencia viene por no adjuntar ese pago, que es impresionante. Todos podemos colaborar con uno, dos o tres soles”, dijo.
Poco después, en las redes oficiales de Juntos por el Perú apareció un cartel con un mensaje que resumía el momento: “¡Solidaridad para la defensa del voto popular!”. Debajo figuraban dos cuentas bancarias autorizadas. “Con tu solidaridad lograremos pagar los gastos para la defensa de nuestra victoria popular ante el Jurado Nacional de Elecciones”, se lee en el llamamiento.
El problema para Juntos por el Perú, sin embargo, parece ir más allá del dinero. El reglamento del Jurado Nacional de Elecciones establece que el plazo para presentar los pedidos de nulidad venció la noche del miércoles, tres días hábiles después de la elección, y es categórico respecto al pago de la tasa: no contempla prórrogas ni subsanaciones posteriores. La norma lo dice con claridad: “En caso de que no se presente el comprobante original del pago de la tasa con el pedido de nulidad, el Jurado Electoral Especial declara su improcedencia”. Eso es lo que ha ocurrido.
José Villalobos, abogado especializado en derecho electoral, resume el problema con sencillez. “El pago tiene que presentarse al mismo tiempo que la solicitud. Si no, el trámite simplemente no existe. Por eso el Jurado Electoral Especial declaró improcedentes los pedidos de nulidad”, explica. En teoría, Juntos por el Perú todavía puede presentar una apelación. Pero Villalobos mira esa posibilidad con escepticismo. “Puede apelar, sí, pero ¿sobre qué base? Si no cumplió con un requisito indispensable como el pago, no hay mucho que discutir”, sostiene.
Entonces, ¿por qué Roberto Sánchez ha iniciado una colecta pública para reunir el dinero si, desde el punto de vista jurídico, la omisión ya no puede corregirse? “Una cosa es el discurso legal y otra el discurso político. Imagino que seguirán presentando pedidos, aunque estén fuera de plazo, para sostener la narrativa de que el Jurado Nacional de Elecciones todavía tiene algo pendiente por resolver”, señala el abogado. El asunto, explica, es inobjetable: “Lo concreto es que el plazo para solicitar la nulidad ya venció. Los recursos se presentaron sin el pago correspondiente y por eso fueron declarados improcedentes. Desde el punto de vista legal, ese capítulo ya está cerrado”, afirma.
Marcha nacional de partidarios de Sánchez
En medio de ese revés judicial, los partidarios de Roberto Sánchez y diversos colectivos ciudadanos han convocado a una marcha nacional para este sábado por la tarde. El cartel que circula en redes sociales resume el sentimiento de sus seguidores con una frase: “En Perú no ganó Keiko”, una alusión a que Sánchez mantiene la ventaja en el escrutinio del territorio nacional, mientras Fujimori podría convertirse en la primera presidenta electa que alcanza el poder sin imponerse dentro del país.
Las consignas son: “Keiko es impunidad y corrupción”, “El voto rural se respeta” y “Por la democracia, por el Perú, siempre de pie”. Los organizadores esperan la llegada de manifestantes desde distintas regiones, especialmente de la sierra sur, el bastión electoral de Sánchez.
En medio de este clima de tensión, el heredero político de Pedro Castillo planteó un gesto de acercamiento hacia su adversaria. Le pidió públicamente reunirse lo antes posible para proponerle una salida conjunta: solicitar un reconteo de los votos. Hasta el cierre de esta edición, la líder no había respondido.
La Oficina Nacional de Procesos Electorales anunció, por su parte, que alcanzó el 100% de las actas procesadas, es decir, de todas aquellas que lograron ingresar a los centros de cómputo habilitados por el organismo. Miembros de esa institución precisaron que el final del cómputo no significa el final de la incertidumbre. Todavía queda por resolverse el pedido de Fuerza Popular para anular más de 7.000 votos rurales en Puno, así como el destino de las 1.556 actas observadas que fueron remitidas al Jurado Electoral Especial y representan el 1,67% del total.
Las actas observadas suelen contener errores materiales o formales que pueden ser corregidos por las autoridades electorales, como problemas de legibilidad o ausencia de firmas. Las actas impugnadas, en cambio, incluyen votos cuestionados directamente por los delegados de los partidos durante la jornada electoral. Sobre el papel son procedimientos distintos. En la práctica, ambas forman parte de una misma zona gris que difícilmente quedará al margen de nuevas controversias. Ambos bandos disputan la elección en los tribunales y en las calles, mientras el país sigue esperando.
*Renzo Gómez Vega – El País
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