El exsecretario privado de la Presidencia, Ricardo Leonel Cardona, pese a figurar en diversas líneas de investigación del Ministerio Público (MP), relacionadas con el supuesto manejo irregular de fondos públicos, durante la administración de Juan Orlando Hernández, regresó a Honduras y aseguró que no enfrenta ninguna investigación penal.
Redacción Central/EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. Luego de permanecer cuatro años en Nicaragua, el exsecretario privado de la Presidencia durante el gobierno de Juan Orlando Hernández (2014-2022), Ricardo Leonel Cardona, regresó a Honduras y aseguró que no enfrenta ninguna investigación penal, pese a que distintas instancias lo han vinculado en varias líneas de investigación por presuntos actos de corrupción.
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Cardona afirmó que no hay en su contra ningún requerimiento fiscal, orden de captura ni alerta internacional y que posibles acciones judiciales acciones emprendidas en su contra respondieron a una persecución política.
«Todo fue persecución política y además judicial contra todos los funcionarios del presidente Juan Orlando Hernández. Gracias a Dios yo tenía mi solvencia que me la dio el Tribunal Superior de Cuentas (TSC), donde no tenía ninguna responsabilidad penal, administrativa o civil, expresó.
Cabe recordar, que entre 2015 y 2017 se desempeñó como titular de la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (Sedis), institución clave en la estrategia social del gobierno anterior con el programa «Vida Mejor».
En 2022, el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) presentó un informe que señala un presunto latrocinio durante su gestión, estimando un perjuicio al Estado por 178,845,912 lempiras.
El documento detalló que, en diciembre de 2021, se firmaron más de 500 nombramientos que, según el informe, violentaban la Constitución de la República, el Código Civil y disposiciones del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2021, al haberse realizado sin cumplir el proceso legal establecido.
Asimismo, en junio de 2022, la Fiscalía aseguró cuentas bancarias de Cardona y de Ebal Díaz que superaban los cuatro millones de lempiras, tras iniciar líneas de investigación relacionadas con presuntos actos de corrupción.
Cardona también figura en una línea de investigación vinculada a la compra de los siete hospitales móviles realizada durante la pandemia de COVID-19. En este proceso figuran alrededor de siete exfuncionarios del gobierno anterior.
La Fiscalía mantiene abiertas cerca de diez líneas de investigación en torno a la adquisición de los hospitales móviles, comprados en 2020 por la empresa estatal Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H) por 1,174 millones de lempiras.
En enero de 2025, la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco) incluyó a Cardona, junto a exdiputados y exfuncionarios, en investigaciones por el presunto manejo irregular de fondos públicos destinados a proyectos sociales a través del Congreso Nacional.
En ese caso se le imputan los delitos de violación de los deberes de los funcionarios, malversación de caudales públicos, fraude y lavado de activos, en perjuicio de la administración pública y de la economía del Estado de Honduras.
Además, actualmente ostenta como diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen), donde estará desde el presente año al 2030.
Una investigación de la Asociación de Redacción Regional señaló que, desde 1991 hasta junio de 2025, al menos 51 exfuncionarios de la región que se han adherido al Parlacen mantienen investigaciones abiertas por corrupción.
La asociación indicó que en Honduras al menos 17 exfuncionarios que se unieron al Parlacen tenían señalamientos por actos de corrupción, entre ellos el expresidente Hernández, el expresidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, y el exmagistrado del extinto Tribunal Supremo Electoral (TSE), David Matamoros Batson, conocido por el fraude electoral de 2017 con los «votos rurales».
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