El extitular de la Secretaría de Finanzas (Sefin), Christian Duarte, manifestó que el exgobernante Juan Orlando Hernández retorna a Honduras cargando con los señalamientos y delitos por los que fue condenado en Estados Unidos, así como con las acusaciones formuladas en el país, consecuencias que, según advirtió, terminará pagando el pueblo hondureño.
Redacción Central/EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. El extitular de la Secretaría de Finanzas (Sefin), Christian Duarte, cuestionó el regreso a Honduras del dictador Juan Orlando Hernández, quien retornó al país luego de recibir un indulto del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tras haber sido condenado por delitos relacionados con el narcotráfico.
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Tegucigalpa. EL LIBERTADOR presenta en exclusiva imágenes del dictador Juan Orlando Hernández, en Honduras, luego de permanecer bajo custodia en Estados Unidos, donde fue extraditado,… pic.twitter.com/0QVI83l4Hc
— EL LIBERTADOR Honduras (@ellibertador_hn) July 26, 2026
Duarte sostuvo que Hernández no vuelve al país como un líder reivindicado, sino como el responsable político de una etapa que calificó como una “narco dictadura”.
“Hoy, Juan Orlando regresa a Honduras, pero no como el hijo pródigo o el líder redimido, regresa como el líder de una mafia criminal que sumió a Honduras en la noche más oscura y que tarde o temprano pagará ante los hondureños”, expresó.
El exfuncionario recordó que, en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, el juez Kevin Castel condenó a Hernández a 45 años de prisión por conspiración para importar cocaína a Estados Unidos, conspiración para utilizar y portar ametralladoras y dispositivos destructivos durante actividades de narcotráfico, así como por otros cargos relacionados.
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Duarte también enumeró a varios narcotraficantes y organizaciones criminales que, según los testimonios y evidencias presentadas durante el juicio en Estados Unidos, estuvieron vinculados con Hernández o con su entorno político.
Entre ellos mencionó a Joaquín “El Chapo” Guzmán y el Cartel de Sinaloa, de quienes afirmó que entregaron aproximadamente 2.4 millones de dólares a Juan Antonio “Tony” Hernández para actividades del clan Hernández.
Asimismo, señaló a Alexander Ardón, exalcalde de El Paraíso, Copán, a quien atribuyó la entrega de cerca de 2 millones de dólares para campañas políticas; a Fabio Lobo, con quien, según Duarte, se habría coordinado la recuperación de una aeronave utilizada para transportar hasta 1,200 kilogramos de droga; y a Geovanny Fuentes Ramírez, condenado por narcotráfico, a quien acusó de haber tenido vínculos con Hernández.
También mencionó al cartel de los Valle Valle, Los Cachiros y el clan Montes-Bobadilla, a los que vinculó con financiamiento y apoyo político durante las campañas electorales de Hernández.
Duarte agregó a Neftalí entre los señalados y afirmó que este habría aportado 100,000 dólares y facilitado su helicóptero personal para actividades de campaña.
El exsecretario de Finanzas también hizo referencia a otros hechos que, según sostuvo, fueron expuestos durante el juicio en Nueva York, aunque no todos derivaron en condenas contra Hernández.
Entre estos mencionó una presunta conspiración para asesinar a Byron Ruiz con el objetivo de evitar que autoridades estadounidenses capturaran a integrantes de la estructura criminal, así como los asesinatos de Magdaleno Meza, su esposa Erika Bandy, el abogado de Meza y un guardia penitenciario.
También señaló presuntos vínculos con narcolaboratorios operados por personas condenadas por narcotráfico, entre ellos Geovanny Fuentes y Magdaleno Meza.
Duarte igualmente acusó al entorno de Hernández de haber participado en un supuesto esquema para cometer fraude electoral durante las elecciones de 2013 y 2017, mediante sobornos a políticos y funcionarios electorales, hackeo de sistemas informáticos y utilización de maras y pandillas para generar violencia y caos.
Finalmente, el exfuncionario sostuvo que Hernández aún debería responder ante la justicia hondureña por otros hechos que, según su valoración, no fueron objeto de condena en Estados Unidos.
Entre ellos mencionó la reelección presidencial, que calificó como una violación de la Constitución, y la creación de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE).

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