El título de presidente honorífico del Colegio de Abogados de Honduras, retirado a Juan Orlando Hernández tras su condena en Estados Unidos, fue restituido por el gremio en medio de cuestionamientos y controversia.
La moción fue presentada argumentando que, tras el indulto presidencial y la anulación de la sentencia, el exmandatario ya no posee condena vigente, aunque juristas advierten que ello no equivale a una declaración de inocencia.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. El Colegio de Abogados de Honduras aprobó restituir la presidencia honorífica al exmandatario Juan Orlando Hernández, luego de que le fuese retirada en abril de 2025 tras ser declarado culpable de conspirar para traficar droga hacia Estados Unidos.
Sin embargo, el nuevo escenario surge tras el indulto otorgado en diciembre de 2025 por el presidente estadounidense Donald Trump, que abrió la puerta a revisar los efectos jurídicos de la condena.
Posteriormente, en abril de 2026, un tribunal federal del distrito sur de Nueva York anuló la sentencia y ordenó desestimar el caso, señalando que, a partir del indulto, el proceso quedaba sin efecto legal.
La resolución, firmada por el juez P. Kevin Castel, establece que la condena es “vacada” y el expediente desestimado, cerrando formalmente la causa en esa jurisdicción.
Con ese contexto, la abogada Selene Hernández, quien promovió la restitución, argumentó que el exmandatario ya no posee procesos pendientes y que su situación jurídica actual lo deja sin antecedentes penales vigentes, por lo que debía proceder a la restitución de la presidencia honorifica.
Abogados consultados por EL LIBERTADOR explicaron que, en términos estrictamente legales, la anulación de la sentencia y la desestimación del caso implican que no existe condena activa en los registros judiciales.
No obstante, precisaron que esa condición no equivale a una declaración de inocencia, ya que la resolución se origina en un indulto presidencial y no en una absolución tras revisión de pruebas.
En otras palabras, señalaron que Hernández quedó sin pena por decisión política, pero no fue exonerado mediante un fallo que desvirtúe los hechos que sustentaron la acusación inicial.
Durante la asamblea del CAH, la moción fue presentada en los últimos puntos de agenda, cuando una parte significativa de los agremiados ya se había retirado, según testimonios internos confiados a EL LIBERTADOR.
La sesión estuvo marcada por inconformidad y cuestionamientos sobre la transparencia del procedimiento, así como por críticas al momento en que se introdujo una decisión de alto impacto institucional.
Meses atrás, el abogado Alvin Carrillo había promovido retirar el reconocimiento, advirtiendo que el gremio debía priorizar la ética profesional frente a conductas que deterioran la confianza pública.
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